El Gobierno la tipificará como delito, y agilizará las expulsiones y la confiscación de casas alquiladas a «sin papeles»

El Gobierno la tipificará como delito, y agilizará las expulsiones y la confiscación de casas alquiladas a «sin papeles»

En un Nápoles tomado por las fuerzas del orden, libre de basuras en el centro y atestado en las afueras, y tomada por miles de personas que se manifestaron para protestar contra la política del Ejecutivo, el primer ministro, Silvio Berlusconi, celebró su primera reunión de Gobierno, centrada en la adopción de duras medidas contra la inmigración ilegal para favorecer la seguridad, la eliminación del impuesto sobre la primera vivienda y el problema de las basuras en la región de Campania.

En total treinta medidas, veinte de ellas antimafia, recogidas en un decreto ley y en tres proyectos de ley.

La política de mano dura para favorecer la seguridad va dirigida especialmente a la inmigración ilegal y será recogida en un proyecto de ley que se remitirá con urgencia al Parlamento. En él, la inmigración clandestina pasará a ser considerada delito. Así figuró ya en una ley del anterior mandato de Berlusconi, que fue declarada parcialmente inconstitucional en el 2004.

«El Estado debe garantizar a todo ciudadano el derecho a no tener miedo», afirmó ayer Berlusconi al anunciar decisiones ya aprobadas. Como la aceleración de las expulsiones de los indocumentados y la «confiscación de los apartamentos y residencias alquiladas a inmigrantes indocumentados», precisó el ministro del Interior, Roberto Maroni, quien no obstante destacó que todas se hacen con «pleno y total respeto de la normativa comunitaria».

El exponente de la xenófoba y populista Liga Norte precisó que se limitará la entrada de familiares del inmigrante legal al nivel de hijos y padres, quienes serán sometidos a pruebas de ADN, lo que ha suscitado la indignación de organizaciones no gubernamentales y católicas.

Según Maroni, estas políticas también comprenden a los ciudadanos de la UE, pues «se hará una verificación más concreta de los requisitos exigidos» para poder residir en Italia, como tener ingresos adecuados y «no obligar al Estado a poner al ciudadano a cargo de la Seguridad Social».

El Consejo de Ministros aprobó penas más severas para quienes conduzcan bajo efectos del alcohol y «será más difícil suspender la ejecución de las sentencias». Se ampliarán los agravantes para los delitos contra ancianos y minusválidos.

El ministro de Justicia, Angiolino Alfano, destacó las normas antimafia, como la simplificación del proceso para confiscar bienes a los mafiosos.

Paquete fiscal

El Gobierno de Berlusconi también aprobó ayer su primer paquete fiscal, con la eliminación del impuesto sobre la primera casa, para relanzar la maltrecha economía e incentivar el consumo. Además, anunció un acuerdo con los bancos para los créditos hipotecarios de las familias con dificultades económicas.