La obligación de prestar asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes irregulares sin recursos que se enfrenten a procedimientos de expulsión en la Unión Europea sigue dividiendo a los Veintisiete, que ayer fueron incapaces de cerrar en Bruselas un acuerdo sobre la polémica directiva de retorno. Esa norma, que la UE lleva debatiendo tres años, pretende endurecer la lucha contra la inmigración irregular y acelerar la deportación de los ciudadanos de terceros países que hayan entrado ilegalmente en territorio de la Unión Europea o que permanezcan en ella sin permiso de residencia.

Según fuentes diplomáticas, los embajadores lograron ayer aproximar posturas en los puntos más polémicos. Entre ellos, el establecimiento de un máximo legal de seis meses para la confinación de los irregulares en centros de retención mientras se tramita su expulsión, estancia prorrogable a 18 meses en casos excepcionales, cuando se nieguen a facilitar a las autoridades su procedencia para evitar su expulsión.

Alemania había puesto serios reparos a que la Unión la pudiera obligar a poner un abogado a disposición de los inmigrantes sobre los que se hayan iniciado expedientes de repatriación, temiendo por los costes económicos. La Presidencia eslovena ofreció convertir en voluntaria y ajustada a las leyes de cada país esa prestación, pero el Parlamento Europeo, que debe dar su visto bueno en codecisión con el Consejo para que la directiva salga adelante, advirtió que rechazaría ese cambio.

Los embajadores se han emplazado a una nueva reunión hoy, en la que esperan limar los últimos «flecos técnicos». La directiva de retorno afectará a cerca de ocho millones de inmigrantes irregulares que, según las instituciones comunitarias, viven en el territorio de la Unión, homologando las condiciones para su expulsión y estableciendo normas para regular ese proceso legal.

La inmigración irregular, a expensas de lo que suceda en Italia, no está tipificada penalmente en ningún país de la UE.

Si los Veintisiete llegan a un acuerdo pondrán la pelota en el tejado de la Eurocámara, que tratará el tema en la primera semana de junio. Un nutrido grupo de eurodiputados ya ha advertido de que se opondrá frontalmente a la directiva.