Los países de la Unión Europea han logrado avances importantes en la discusión de la Directiva de Retorno para inmigrantes ilegales en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper), pero los embajadores de los Veintisiete deberán volver sobre el tema hoy para zanjar aspectos que en la negociación de ayer quedaron pendientes de aprobación. El acuerdo parece al alcance de la mano.

El texto sobre el que se constataba un consenso general de los Estados miembros prevé un período máximo de 6 meses de retención para inmigrantes indocumentados, que en ciertos casos excepcionales podrá ampliarse hasta 18. En la actualidad hay nueve países que no fijan ningún período máximo para la repatriación.Vencidos los plazos, los países comunitarios estarán obligados bien a expulsar al inmigrante, bien a legalizarlo. Hay en el texto disposiciones específicas para los menores, así como cláusulas que establecen que un expulsado de la UE no podrá volver a ella en un plazo de 5 años.

Las discusiones conciernen a la garantía de la asistencia jurídica de los inmigrantes ilegales. Alemania había conseguido que esa asistencia sea facultativa pero el Parlamento quiere que quede reconocida su gratuidad.

Consultas

Así las cosas, la presidencia eslovena, que ha incorporado al proyecto de Directiva el modelo de asistencia jurídica existente para los casos de asilo por condición de refugiado político, propuso ayer a los Estados miembros una pausa de 24 horas en las deliberaciones, para consultar a las capitales. El Coreper retomará el informe hoy por la tarde.

Aunque la presidencia eslovena y el relator del Parlamento Europeo que prepara el informe sobre el caso han llegado ya a un acuerdo, el pleno de la institución tendrá que votar el proyecto de Directiva. Tiene previsto hacerlo en junio, inmediatamente después de que el tema sea tratado por los ministros de Justicia e Interior en el Consejo previsto para los días 5 y 6 de ese mes.

El ambiente en la Eurocámara se presenta tensionado para este debate. La izquierda y parte de los liberales quieren diluir el texto, ofreciendo condiciones a los inmigrantes ilegales mucho más garantistas.