Anuncia que el Ejército custodiará los nuevos vertederos para combatir el problema de la basura en Nápoles Italia tiene un nuevo sheriff, y se llama Silvio Berlusconi. El primer ministro italiano se mostró ayer firmemente determinado a combatir, manu militari, tanto el problema de la inmigración ilegal como el de la basura que inunda la región de Campania. En la rueda de prensa posterior a su primer Consejo de Ministros, celebrado en Nápoles, Il Cavaliere ofreció una imagen insólitamente grave e incluso férrea.

Il Cavaliere sólo se permitió un breve chiste en una comparecencia en la que anunció, entre otras cosas, que a las personas que alquilen casas a inmigrantes ilegales les serán confiscadas sus viviendas. Desde ya.

Pero Berlusconi aún mostró mayor dureza a la hora de hacer frente al problema de las toneladas de desperdicios que, de manera intermitente, inundan las calles de Nápoles desde hace 14 años. El primer ministro anunció la creación inmediata de cinco vertederos de basura en la provincia que tendrán categoría de zonas militares que serán custodiados por miembros del Ejército y a los que la población civil tendrá absolutamente prohibido el acceso.

Si alguien osara entrar en algunos de esos recintos o, peor aún, provocar desórdenes en ellos, se arriesgaría a ser castigado a penas de cárcel de hasta cinco años. «El Estado debe garantizar la legalidad en todo el territorio», declaraba el jefe del Ejecutivo italiano. «No aceptaremos que las acciones de una minoría puedan bloquear las descargas de basura», añadía.

La misma mano dura anunciaba Il Cavaliere respecto a la inmigración ilegal. «Los ciudadanos tienen el derecho fundamental a no tener miedo. Y el Estado no puede dejar de garantizar ese derecho», aseguraba al presentar nueve paquetes de medidas de seguridad aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

Incluye un decreto ley cuyas disposiciones entrarán en vigor en un par de días, en cuanto sea publicado en el BOE italiano, y un proyecto de ley y dos decretos que serán debatidos en el Parlamento por procedimiento de urgencia y que antes de julio podrían entrar en vigor. En el proyecto de ley se tipifica como delito la inmigración ilegal, de manera que un clandestino pueda ser encerrado en prisión entre seis meses y cuatro años por el sólo hecho de no tener papeles.

Pero lo más urgente, ya que podría comenzar a aplicarse desde mañana mismo, son los contenidos del decreto ley. Y es precisamente en ese texto donde se establece la confiscación de las casas que sean alquiladas a inmigrantes ilegales, además de castigar con penas de hasta 50.000 euros y hasta tres años de cárcel a los propietarios de esas viviendas.

Además, se contempla como agravante el ser inmigrante ilegal, de manera que los clandestinos que cometen un delito sean castigados a cumplir un tercio más de la pena establecida. El decreto ley también concede amplios poderes a los alcaldes para que puedan adoptar procedimientos urgentes en caso de que sea necesario prevenir o eliminar graves peligros, lo que significa dar legitimidad legal a los ediles – sheriff de la Liga Norte que han establecido rondas en sus respectivas localidades para combatir la inmigración ilegal y han puesto en marcha otras medidas con las que combatir a los clandestinos.

El resto de disposiciones tendrán que ser aprobadas por el Parlamento antes de entrar en vigor, pero dado que se tramitarán por la vía de urgencia, en un par de meses podrían convertirse en ley. Incluyen, entre otras medidas, quitar la patria potestad a los padres que utilicen a sus hijos para mendigar, modificar el Código Penal para incluir el delito de inmigración ilegal y aumentar de los dos meses actuales a 18 el tiempo que un inmigrante puede permanecer retenido en un Centro de Permanencia Temporal o la obligación de las agencias de envío de dinero de comprobar que sus usuarios tienen los papeles en regla para permitirles hacer una transferencia.

Ingresos mínimos

A los inmigrantes comunitarios se les exigirá demostrar que tienen un nivel mínimo de ingresos y que no serán una carga para el sistema social italiano. Y la condena mínima para poder expulsar a un extranjero, que antes se situaba en 10 años de cárcel, desciende ahora a dos.

Asimismo, se endurecen las condiciones para obtener el reagrupamiento familiar (se solicitarán pruebas de ADN) y para obtener asilo político. «Todo con absoluto respeto de las directivas europeas», según señalaba repetidas veces Roberto Maroni, el ministro del Interior. Sin embargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) expresaba ayer su preocupación ante las restricciones impuestas en Italia para conceder asilo, asegurando que podría estar en contradicción con los Derechos Humanos y las libertades fundamentales amparadas Convención Europea.

Por otra parte, Il Cavaliere presentó algunas medidas para tratar de relanzar la maltrecha economía italiana y, aunque aseguró que la situación es muy difícil y que no se pueden hacer milagros (y eso que Nápoles está repleta de carteles que demandan ‘Berlusconi santo subito’), anunció la abolición del Ici, el impuesto que grava la primera vivienda, y un acuerdo con los bancos para que la gente que tenía créditos hipotecarios a interés variable pueda seguir pagando la misma letra que en 2006, aumentando en cambio el tiempo de la hipoteca.

OCHO PUNTOS PARA CERRAR EL PAIS

1. Cárcel para los ‘ilegales’. La inmigración clandestina será un delito castigado con hasta cuatro años de cárcel.

2. Expulsiones fulminantes. Facilita la expulsión de quienes entran irregularmente.

3. Penaliza el alquiler. Dispone la confiscación de casas arrendadas a ‘sin papeles’.

4. Trabas a la obtención de la ciudadanía. Amplía el tiempo exigido a los cónyuges extranjeros para lograrla.

5. Criminaliza la mendicidad infantil. El uso de menores como mendigos acarreará hasta tres años de prisión.

6. Aumenta el tiempo de detención. Se amplía el plazo en el que los inmigrantes pueden permanecer detenidos en Centros de Identificación y Expulsión.

7. Dificulta la reunificación. Establece nuevas reglas para los italianos que traten de traer familiares extranjeros a su país.

8. Reglas para los comunitarios. Verifica la renta de los europeos afincados en Italia