Mientras más de 200 inmigrantes sin papeles hacen huelga de hambre en varias iglesias del centro de Bruselas, los embajadores de la UE tienen previsto aprobar hoy una legislación que permitirá retenerlos hasta 18 meses sin asistencia legal completa y gratuita.

Los representantes de los Veintisiete lograron un principio de acuerdo ayer para aprobar la llamada Directiva de Retorno sobre las condiciones de repatriación de los inmigrantes ilegales.

La Eurocámara aún debe aprobar el texto que permite encerrarlos un máximo de seis meses en centros de detención y un año adicional si hay dificultades para identificar la nacionalidad del afectado o su país de origen no colabora. Los diplomáticos, además, dejaron para hoy la redacción sobre el acceso a la asistencia legal gratuita que exigía la última versión de la directiva, pero que algunos países intentan limitar.

Tras la petición de Alemania y otros Estados de que los detalles dependan de cada miembro, el miedo a que el Parlamento no acepte esta versión ha impulsado a buscar una solución intermedia. Eslovenia, presidente de turno de la UE, planea ofrecer el amparo de otra legislación de 2005, que da derecho a la asistencia legal inicial, aunque no en casos de apelación y dentro de los límites que los gobiernos establezcan.

Sus defensores insisten en que la directiva permite asegurar unos máximos para toda la UE que nueve Estados miembros no tienen y garantizar estándares de protección, como la prohibición del uso de la fuerza o la obligatoriedad de que los menores no acompañados sean retenidos en un lugar distinto de los centros para adultos y sean supervisados por una autoridad diferente de la de inmigración. El Gobierno español no está obligado a cambiar la Ley de Extranjería, que ofrece una protección superior a la de esta legislación comunitaria, pero ya ha sugerido que podría aprovechar la nueva norma para aumentar el límite nacional de retención de los inmigrantes fijado en 40 días.