Los trabajadores inmigrantes se están pasando de forma masiva al sector de la hostelería ante las crecientes dificultades para conseguir empleo en la construcción, según el desglose por actividades económicas de los datos del Ministerio de Trabajo sobre las afiliaciones de los extranjeros a la Seguridad Social.

La tendencia, que empezó a perfilarse en los primeros meses de 2008, se consolidó en abril. En ese mes, el número de inmigrantes que trabajaban en la hostelería (tanto en el régimen general como en el de autónomos) se elevó a 301.970 personas, 35.000 más que en enero de este año. La cifra de abril también es superior en más de 11.000 afiliados a la registrada en marzo (mes en el que se celebró la Semana Santa, época de mayor actividad hostelera), lo cual indica que se trata de una tendencia sólida, y no basada por circunstancias estacionales.

El desplazamiento de afiliados a la hostelería compensó más que de sobra la esperada caída en el sector de construcción, cuyos niveles de empleo se resienten por el brusco ajuste de la actividad inmobiliaria. En términos de Seguridad Social, el descenso todavía no es muy notable, pero desde enero el sector ha perdido más de nueve mil extranjeros afiliados. Sólo en abril, desaparecieron más de cuatro mil.

Otros movimientos significativos en el número de altas en la Seguridad Social se registraron en los sectores de comercio y de la industria manufacturera. En ambos casos ha habido subidas de afiliados desde enero, aunque de mucha menor intensidad que en el sector de la hostelería.

El desplazamiento de mano de obra inmigrante de la construcción hacia otros sectores de económicos parece confirmar, al menos de momento, las expectativas del Gobierno de que la crisis de empleo inmobiliaria puede ser absorbida en parte por la mayor actividad en los servicios y la industria.

Eso no impedirá que se siga generando paro, como admitió ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. El incremento del número de parados tendrá como primera consecuencia un mayor gasto en protección por desempleo. Según Corbacho, el coste para todo el año será de alrededor de 18.000 millones, con una desviación de 2.500 millones sobre lo presupuestado inicialmente.

Corbacho dijo también que el plan para la recolocación de los parados, que fue aprobado por el Consejo de Ministros para amortiguar el impacto de la desaceleración económica, se empezará a aplicar en julio, una vez se pacte su desarrollo con las comunidades autónomas.