El primer consejo de ministros de Berlusconi se celebrará en medio de las basuras de Nápoles

VERÓNICA BECERRIL CORRESPONSAL

ROMA. Los ministros del gabinete de gobierno de Silvio Berlusconi que acudan al Consejo de Ministros de hoy en Nápoles, no se tienen que salir del recorrido oficial establecido, o se arriesgan a toparse con los cúmulos de basuras todavía no recogidos.

Se ha intentado «lavar» el centro de la ciudad para que la imagen no sea tan decadente como en días pasados, pero basta alejarse un poco del centro, para ver que la titánica tarea de llevarse toneladas y toneladas de basuras no se ha podido llevar a cabo íntegramente. De modo que los honorables ministros no verán los desperdicios, aunque sí que los olerán, porque eso no se puede eliminar así como así.

Berlusconi para evitar todo esto decidió ayer quedarse en su casa de Milán «para ultimar detalles» y viajar directamente por la mañana a Nápoles, donde celebrará la reunión con sus ministros, tras la cual se trasladará a la capital italiana. Pero además del olor a basura, los ministros presenciarán varias manifestaciones que están previstas para hoy en Nápoles en contra del gobierno y a favor, pidiendo una solución y ofreciendo a cambio a Berlusconi la «santidad».

Pero difícil lo va a tener el Cavaliere para resolver el problema de las basuras, y sobre todo, el tema de la seguridad, argumento central del debate del Consejo de Ministros. Berlusconi tiene hoy sobre la mesa el documento preparado por su ministro de Interior, Roberto Maroni, mano derecha del líder del partido independentista de la Liga Norte, Umberto Bossi. Maroni dio a conocer algunos puntos de su programa que levantaron ampollas y la ira de la oposición, al anunciar la introducción de la clandestinidad como delito, como ya sucede, dijo el ministro, en otros países como Francia y Alemania.

Penas para ilegales

Según las primeras indiscreciones, el paquete de seguridad, que entraría totalmente en vigor a mediados de julio, contempla la expulsión de los extranjeros que hayan sido condenados a penas superiores a dos años, y el aumento considerable de la pena – hasta dos tercios – si quien comete el delito es un inmigrante clandestino. Además, se prevé un endurecimiento de los requisitos de entrada en el país, sobre todo en relación a la reunificación familiar, solicitando un test de ADN para comprobar la autenticidad del vínculo.

En relación al otro tema candente en Italia, y sobre todo en Nápoles, el de los asentamientos de gitanos de diferentes etnias, los que hayan sido levantados de forma ilegal serán destruidos, para trasladarles, dice el ministro en el texto, a centros con estructuras dignas. Maroni, quien recibió ayer la noticia de que la eurodiputada húngara de origen gitano rumano, Viktoria Mohcsi, había visitado algunos campos nómadas horrorizada, quiere calmar los ánimos con esta solución, afirmando «que en estos recintos hay gente buena y mala, nosotros acabaremos con los malos, quien viva dentro de una de estas estructuras y no teniendo los papeles en orden haya cometido un delito, será expulsado sin dilación». Pero no sólo hay medidas para los clandestinos, Maroni no se olvida de los «potenciales delincuentes» de la UE y propone que los ciudadanos comunitarios podrán estar en Italia durante tres meses si tienen recursos económicos y se les podrán tomar las huellas dactilares.

Ante los cambios que propondrá el gobierno, el principal partido de la oposición, el Partido Democrático de Walter Veltroni, ha trabajado toda esta semana en una «contrapropuesta» al paquete de seguridad del gobierno.

No al delito de clandestinidad

Veltroni ya anunció ayer su rechazo a la posibilidad de considerar delito la clandestinidad. «Se trataría de una medida inútil y dañosa – señaló el líder de la oposición – que lo único que conseguiría es atascar las cárceles y obligar a quienes llegan a nuestro país a trabajar para la criminalidad organizada». Y como de seguridad se habla, el jefe de policía de Nápoles, Antonino Puglisi, anunció ayer que más de mil agentes de policía y carabineros han sido movilizados hoy para garantizar la seguridad del presidente Berlusconi y de sus ministros.

Una cifra quizá exagerada, o que quizá se podía haber desplegado para recoger basuras y así se hubiera acabado antes, porque en Nápoles y provincia aún quedan casi 3.000 toneladas de basuras por las calles, poniendo en riesgo la salud de sus habitantes.