Ser inmigrante ilegal será un delito castigado en Italia con una pena de entre seis meses y cuatro años de cárcel. Además estar sin papeles se considerará circunstancia agravante, de manera que a los inmigrantes clandestinos que cometan delitos en Italia se les aumentará la condena un 33% por el mero hecho de ser irregulares.

Son algunas de las disposiciones que contempla el paquete de normas sobre inmigración y seguridad que el Gobierno de Silvio Berlusconi tiene previsto aprobar hoy en Nápoles, en su primer Consejo de Ministros. Según Roberto Maroni, el ministro del Interior, entrará en vigor antes del mes de julio.

A pesar de las fuertes reticencias que algunos miembros del Ejecutivo de Il Cavaliere mostraban ante la posibilidad de que se tipificara como delito la inmigración clandestina, de las críticas aireadas al respecto por la Iglesia, de la opinión en contra de toda la oposición y de las dudas expresadas al respecto por el propio Giorgio Napolitano, presidente de la República, Roberto Maroni se ha salido con la suya.

El ministro del Interior y destacado miembro de la Liga del Norte estaba empeñado en introducir en el Código Penal el delito de inmigración clandestina, asegurando que sólo esa medida permite a un magistrado dictar una orden de expulsión inmediata. Y todo indica que ha ganado el pulso. Aunque esa disposición no forma parte del decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará hoy (y cuyo contenido entrará inmediatamente en vigor al considerarse que tiene carácter de urgencia), sino que para su aprobación final deberá seguir el trámite parlamentario de rigor.

Sin embargo, la agravante que castigará a los inmigrantes ilegales que cometan delitos a cumplir una pena un tercio más elevada sí que se incluirá en el decreto ley, por lo que hoy podría comenzar a aplicarse. Asimismo, y siempre por decreto, se podrá expulsar a los inmigrantes que sean condenados a una pena superior a dos años de cárcel, se aumentará a 18 meses el tiempo máximo que un inmigrante ilegal puede estar en un Centro de Permanencia Temporal y se castigará a las personas que alquilen viviendas a sin papeles con multas entre 10.000 y 150 euros y penas de entre seis y tres años de cárcel. Será además lícito exigir una renta mínima a los inmigrantes comunitarios que quieran entrar en Italia, a fin de comprobar que son capaces de mantenerse y no constituirán una carga para el sistema social.

Esas medidas se completarán con otras que no se aprobarán con carácter de urgencia, aunque Berlusconi espera que puedan entrar en vigor en un par de meses. Su idea es endurecer las condiciones necesarias para el reagrupamiento familiar, aumentando el tiempo que un inmigrante regularizado debe esperar para poder traer a Italia a sus parientes cercanos de los seis meses actuales a dos años. Asimismo, el Ejecutivo de Il Cavaliere contempla la posibilidad de exigir pruebas de ADN para comprobar si son reales los lazos de parentesco de quienes solicitan la entrada en Italia con los del familiar que ya se encuentra en el país. Y, por supuesto, tipificar como delito la inmigración ilegal.

«El delito de inmigración clandestina está ya en vigor en muchos países», sostiene Maroni, que ha señalado a Francia y a Alemania. «Servirá para desalentar a los clandestinos a venir a Italia y hará más fáciles los procesos de expulsión».

Lo que finalmente no incluirá el decreto ley que hoy aprobará el Ejecutivo italiano son nueve líneas que habían desencadenado una enorme polémica en Italia, ante la sospecha de que hubieran sido introducidas para ayudar a Il Cavaliere a afrontar uno de los problemas que aún tiene pendientes con la Justicia. Las nueve líneas contemplaban la posibilidad de que quienes estén acusados de delitos cometidos antes del 31 de diciembre de 2001 pudieran solicitar la suspensión durante dos meses del proceso para tratar de alcanzar un pacto con la otra parte.

Se trataba de una disposición de la que se podría beneficiar el propio Berlusconi, quien se encuentra bajo proceso en Milán, acusado de corrupción judicial, un delito que acarrea seis años de cárcel.