El consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, pidió ayer al recién nombrado ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que se establezcan “criterios objetivos y validos” para determinar los traslados de los inmigrantes llegados a Canarias a la Península porque a su juicio, hasta el momento, se han hecho “sin sentido”.

El consejero, que tuvo ayer su primer encuentro con el responsable de la Administración central en inmigración, aseguró que una de las peticiones que ha hecho a Corbacho es la de superar “lo que se ha venido haciendo por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero” en cuanto a traslados a la Comunidad de Madrid de inmigrantes llegados a las costas de Canarias, partiendo de la base de que Madrid “se siente, como comunidad, completamente solidaria con Canarias y con los canarios”.

Explicó que no tiene ningún criterio ni ningún sentido, “salvo que durante estos años se hubiera querido hacer las cosas deliberadamente”, que el año pasado 1 de cada 3 traslados de la Península a Canarias se hiciera a la Comunidad de Madrid, y que este año, en los cuatro primeros meses, se hayan mandado a 518 inmigrantes desde Canarias a la capital de España, lo que supone un 35% del total.

“Madrid no es ni el 35% de la población, ni del territorio, ni del PIB”, indicó Lasquetty, quien dijo que ante esta situación, desearía que desde el Gobierno central se tuvieran en cuenta criterios “objetivos, acordados y válidos para todos que expliquen por qué hay comunidades a las que se traslada a muchos y por qué hay otras a las que no se traslada a ninguno”.

El consejero indicó que el ministro va a estudiar esta situación y muchas otras, para cambiar la “política de opacidad y de falta de cooperación”, que según Fernández-Lasquetty ha llevado a cabo el PSOE en los últimos años.

Apuntó que ha pedido que el Gobierno central se tome “más en serio acabar con el desorden” de la política de regulación de inmigración, que se tome “más en serio” sus propias tareas y sus competencias y que lleve a cabo una nueva política “que supere las anteriores en cuanto a lealtad constitucional fijando criterios claros, aportando más recursos y tomándose en serio la integración”.

En cuanto a la política de retorno incentivado bajo la formula de capitalización por prestación de desempleo que el Gobierno central quiere llevar a cabo, el consejero aseguró que Madrid no está en contra de la idea “siempre y cuando se base en dos elementos, la voluntariedad del inmigrante y toda la clase de garantías para que no exista lugar para el fraude”.