Los pasados días España e Italia se vieron enfrentadas en una cierta disputa diplomática. La causa desencadenante son las declaraciones de ministros españoles contra un proyecto del Gobierno de Berlusconi sobre inmigración ilegal. Se considera que algunas declaraciones han alcanzado un grado de injerencia en los asuntos internos. La reacción visceral llega desde el líder de la Liga Norte. Bossi declara: «Los españoles fueron los primeros en disparar contra los inmigrantes , nosotros los tenemos aquí y el problema es echarlos fuera». La irracionalidad está servida.

El presidente español tercia en la polémica en la Cumbre de Lima. Trata de resolver el conflicto. El secretario de Estado para la Unión Europea ofrece aclaraciones. Afirma que la vicepresidenta pretendió condenar los episodios de violencia contra inmigrantes en Nápoles, añadiendo alguna «consideración general» sobre política de inmigración.

Si se analiza lo sucedido deben diferenciarse dos planos: el concreto y el abstracto. Ambos se sitúan sobre un mismo problema, que es, sobre todo, una realidad. Esta realidad, cruda y delicada en cuanto a tratamiento normativo, afecta a personas, y estas son sujetos de derechos. Por remisión, la realidad inmigratoria repercute sobre la realidad estatal, que presenta en Italia y España efectos semejantes.

El ámbito real y el marco formal son traslación de la vida y la política. Donde existe hombre, hay vida social; donde existe esta, hay Derecho, que tiene como fin regular la convivencia. Su regulación debe hacerse en términos de justicia. Y aquí comienzan las diferencias de criterio acerca de lo que es justo.

También debe distinguirse entre lo sucedido y lo que está por suceder: lo primero son los ataques contra campamentos de gitanos rumanos en Nápoles. Bossi, descabellado, afirma: «Si el Estado no cumple con su deber, lo hace la gente». El cardenal Bagnasco, presidente de la Conferencia Episcopal, advierte: «Italia se encuentra en una encrucijada perversa entre violencia proveniente de los inmigrantes y violencia realizada contra inmigrantes ». No cabe decirlo mejor ni más claro. La sociedad debe defenderse, pero es intolerable una respuesta al margen del derecho.

Lo que está por suceder son los efectos que puede alcanzar la norma propuesta. Podrían llegar hasta la suspensión del Tratado de Schengen, expulsando a búlgaros y rumanos, ciudadanos de países de la UE. El ministro italiano de Exteriores afirma: «Debemos unir esfuerzos para controlar los flujos de inmigración irregular». El tono conciliatorio de Frattini ha resuelto el contencioso entre su país y España. Esperemos que Italia encuentre una política de inmigración capaz de crear condiciones dignas para quienes respetan las reglas y se esfuerzan para lograr una efectiva integración social.