El Ayuntamiento de Córdoba ha decidido intervenir para que una treintena de menores rumanos dejen de mendigar por las calles en brazos de sus madres. El objetivo que pretende alcanzar el área de Bienestar Social es integrar definitivamente a estos niños y niñas de etnia gitana en el sistema educativo reglado.

Actualmente, seis menores están en colegios públicos de la ciudad y otros siete acuden a las guarderías de la red de la Junta y el Ayuntamiento. A estos hay que sumar una quincena más que durante este año han pasado por el servicio de estancia diurna, el aula puente en la que los menores están entre dos y seis meses. Luego, se integran en el sistema educativo como el resto de niños de su edad. La mayoría de los menores que están en este proyecto tienen entre uno y tres años.

La concejal responsable de Bienestar Social, Ana Moreno, presentó ayer el balance del proyecto de actuación contra la mendicidad infantil, que arrancó hace dos años. Desde 2003, la presencia de rumanos de etnia gitana en la ciudad es constante y la policía ha desmantelado decenas de campamentos. El Ayuntamiento intentó con este proyecto erradicar al menos la mendicidad infantil y, según Moreno, se está empezando a lograr. Esta concejal apostó ayer por este tipo de medidas para atajar el problema antes de optar por “los instrumentos de represión”.

El proyecto de intervención, según señaló el coordinador general del área de Bienestar, Mohammed Dahiri, cuenta con funcionarios municipales que recorren la ciudad para buscar casos de mendicidad infantil. Además, existe un teléfono al que cualquier ciudadano puede llamar si se topa con alguna madre pidiendo con su hijo.

Sin embargo, la mendicidad no ha desaparecido de la ciudad. Muchos de los rumanos de etnia gitana se siguen ganando la vida pidiendo o recogiendo chatarra. El Ayuntamiento tiene detectadas unas 40 familias que residen habitualmente en Córdoba, ya sea en pequeños asentamientos o en pisos realquilados.

Al margen de esta iniciativa, el Consistorio ha intentado normalizar la situación de algunas familias. Actualmente, la Fundación Secretariado Gitano y el Ayuntamiento disponen de cuatro pisos puente. Se trata de viviendas alquiladas en las que se instalan familias rumanas. Las arcas municipales se hacen cargo del alquiler durante un año como máximo y los servicios sociales intentan asesorar laboralmente a los inmigrantes. Actualmente, una de las familias que entró en el proyecto ya se vale por sí misma y no necesita de la ayuda municipal ya que han logrado empleo.

Sin embargo, no todo ha sido fácil en este tipo de actuaciones. El Ayuntamiento ha encontrado un amplio rechazo entre los propietarios de los pisos, que se niegan a alquilar a los inmigrantes las viviendas pese al aval institucional. Los inquilinos, cuando entran a vivir, tienen que firmar un contrato por el que se comprometen a que sólo residirán ellos en la casa y ningún familiar más.