La diplomacia acabó ayer imponiéndose en las relaciones entre España e Italia, pero hay heridas a la vista. Pese al aparente éxito de los dispositivos antiincendio, el Gobierno español lanzó ayer un duro mensaje de fondo sobre la política de inmigración que amaga con practicar el primer ministro italiano Silvio Berlusconi.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó ayer, al ser preguntada por las medidas de dureza anunciadas desde Roma, que el Ejecutivo español “rechaza la violencia, el racismo y la xenofobia y, por lo tanto, no puede compartir lo que está sucediendo en Italia”.

Las duras aseveraciones de De la Vega tras el Consejo de Ministros parecía que iban a inflamar las relaciones bilaterales, pero el conato de incendio se pudo reconducir. Los ministros de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y Franco Frattini, ambos en la cumbre UE-América Latina en Perú, aclararon el “malentendido”, alegando que la vicepresidenta no se refería a las medidas anunciadas por el Ejecutivo de Berlusconi, sino a los ataques racistas que se han producido en Italia contra campamentos de gitanos de Rumanía.

El mismo José Luis Rodríguez Zapatero tambiém se sumó al equipo de bomberos, al señalar en Lima que lo sucedido “no llega ni a la categoría de incidente”.

Se cerraron así los riesgos de una crisis diplomática, pero las declaraciones de De la Vega expresan que al Gobierno español no le gusta el camino que podría emprender Italia. Un camino de notable dureza – si se llevase a cabo- y que apunta, entre otras iniciativas, a la reinstauración de controles fronterizos dentro de la Unión Europea, la posibilidad de convertir la inmigración ilegal en un delito y abrir la puerta a expulsiones colectivas. Zapatero está reconduciendo su discurso sobre la inmigración con un planteamiento más severo, en manos del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. Sin embargo, no puede abandonar el timbre socialdemócrata.

España afronta el debate en el seno de la UE con la idea de acentuar la defensa de la legalidad, de reforzar incluso el control de fronteras, pero sin llegar a una política de extrema dureza contra las personas sin papeles. Cualquier movimiento en este sentido en un país de la UE repercute en el flujo migratorio hacia los países vecinos. La subida de tono de los discursos sobre la inmigración en Francia, y ahora en Italia, son también un punto de referencia para el Partido Popular, que ya situó la cuestión de la inmigración en el centro de la pasada campaña electoral. Con éxito.

Pero las políticas que se anuncian en Italia preocupan en la Moncloa, porque pueden cambiar los puntos de referencia europeos. El conato de crisis fue atajado de manera rápida por los cuerpos diplomáticos de ambos países. El primero en suavizar las cosas fue el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, quien llamó al embajador, Pasquale Terracciano, para aclarar el “malentendido”. España e Italia aseguraron que comparten la denuncia sobre los ataques racistas y se consideró que las palabras de De la Vega se habían sobreinterpretado en la prensa italiana.