G.SANZ/V.BECERRIL

MADRID/ROMA. Sólo 24 horas ha durado la «paz» entre los Gobiernos de España e Italia a cuenta de la política de inmigración que aplica cada país. Después de las gestiones del propio presidente del Gobierno, entrevistándose con el ministro de Exteriores italiano, Franco Frattini, para zanjar el conflicto abierto por las críticas de María Teresa Fernández de la Vega contra las políticas que «exaltan el racismo», ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, volvió a la carga.

En unas declaraciones que efectuó en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), dentro de su visita oficial de tres días a Extremadura, Corbacho dijo que las políticas de inmigración del Gobierno de Silvio Berlusconi «ponen más el acento en discriminar al diferente que en gobernar el fenómeno». «Quieren criminalizar al diferente – subrayó el ministro – y yo asumo la responsabilidad de gobernar el fenómeno». Para el titular de Trabajo, «un inmigrante ilegal sólo puede tener un destino, el retorno a su país, pero por medio hay que cumplir todos los requisitos de respeto a los derechos humanos».

Estas declaraciones sacudieron de nuevo a una Italia ya de por sí tambaleante no sólo por los incidentes de la semana pasada con los inmigrantes ilegales, sino también por la enésima crisis de las basuras que arriesga de desencadenar un conflicto en el interior del país. En todas las ediciones digitales de los principales medios se ponía de relieve que a menos de 48 horas de las primeras críticas españolas, «llega un nuevo ataque contra Italia».

La prensa transalpina se pregunta cómo hará Zapatero para justificar de nuevo a otro ministro, mientras desde el mundo político no hacen comentarios. La noticia no escapó a la radio y a la televisión, que comentaron la noticia, más bien para decir, «otra vez», que para analizar el contenido. En los blog más conocidos, entre los debates aparecían las palabras de Celestino Corbacho, siendo la línea general una llamada a España a que lave primero sus trapos sucios antes de criticar a los demás.

Por su parte, el ministro del Interior, Roberto Maroni, matizó la negativa a regularizar inmigrantes ilegales en Italia. «No puede haber una regularización para quien ha entrado de forma irregular, pero tendremos en cuenta, naturalmente, aquellas situaciones que tienen un fuerte impacto social, como el caso de los cuidadores» de ancianos y niños italianos, trabajo desarrollado en su inmensa mayoría por mujeres. Su colega de Igualdad de Oportunidades, Mara Carfagna, se expresó en el mismo sentido.

Carfagna dijo que «sin idear una regularización indiscriminada», ha propuesto al Consejo de Ministros de Silvio Berlusconi «la necesidad de buscar una salida jurídica distinta» para esas personas. La ministra considera que se debe distinguir entre el «inmigrante – recurso» y el «inmigrante – problema».

Regularizar es «indultar»

El decreto ley sobre persecución de la inmigración clandestina y la pequeña delincuencia será aprobado el 21 de mayo en un Consejo de Ministros en Nápoles. Maroni indicó que la inmigración clandestina no será delito, posibilidad que había sopesado el nuevo Gobierno de Berlusconi. No obstante, insistió en rechazar la regularización porque «pertenece a la misma categoría que el indulto y nosotros somos contrarios al indulto y a las regularizaciones indiscriminadas».