Todos los días llegan a la Comunitat Valenciana muchos inmigrantes. Incluso ahora, cuando las dificultades económicas se agigantan. Esas dificultades que el candidato Zapatero negó con tanto entusiasmo en vísperas electorales.

Nuestra Comunitat tenía 156.000 inmigrantes en el año 2000, y ahora ya son 763.000 los extranjeros legalizados, lo que representa el 16 por 100 de nuestra población. Se trata de un porcentaje aún más alto que el propio de Madrid o de Cataluña, y ello prueba la pujanza de nuestra economía y la calidad de vida de nuestra sociedad. También la capacidad de acogida de los valencianos, pueblo abierto y construido desde la venturosa influencia de tantas civilizaciones que por aquí han pasado, han perdurado y se han mezclado con otros modos de entender la vida.

No hace falta ser un gran economista para caer en la cuenta de que, si la Comunitat Valenciana tiene ahora un 15 por 100 más de población total que en hace ocho años, ello implica un correlativo esfuerzo para la Administración autonómica, que tiene que atender en el ámbito sanitario, educativo y de la atención social a seiscientas mil personas más. Personas que han llegado desde África, Europa del Este o América Latina fundamentalmente. Este importante incremento demográfico, como es natural, significa dinero. Financiación para mantener y aun mejorar la calidad de los servicios públicos.

Pues bien, la Generalitat invierte 1.816 euros al año en cada inmigrante, mientras que el Gobierno de España, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, invierte 31 euros al año por esa misma persona. Estos son los datos que debe conocer la ciudadanía. Los datos que enmarcan este debate.

Los inmigrantes son personas que, como es lógico, cuando llegan a vivir entre nosotros tienen un gran desconocimiento de España, de la Comunitat Valenciana. Suelen desconocer en muchos casos, ya no sólo la Constitución, sino también la estructura autonómica de nuestro Estado o la existencia de un idioma propio en nuestra comunidad, aparte del castellano. E incluso muchas veces no tienen ni nociones del castellano.

Por todo ello, es evidente que los inmigrantes necesitan muchos instrumentos para ir logrando poco a poco su adaptación a la nueva sociedad. Para alcanzar la integración, que es un derecho para el inmigrante, pero que también es un acto de voluntad. Una integración, que tiene muchos aspectos, no sólo el laboral. También ha de abordarse la integración residencial, la integración en el ámbito de las atenciones sociales y, en fin, la integración en la sociabilidad. Y todo ello con el objetivo de formar parte de esa nueva sociedad valenciana.

Y sin olvidar que esa integración sólo será posible si se hace de un modo ordenado, combatiendo la inmigración ilegal con toda la fuerza de la ley y sin olvidar, como es lógico, la realidad del mercado de trabajo, que atraviesa en la actualidad momentos muy duros por el agudizamiento de la crisis económica; un proceso que las instituciones económicas internacionales anuncian largo y costoso.

Ante este estado de cosas, y con la experiencia acumulada a lo largo de estos siete años de intensísima incidencia del fenómeno migratorio en nuestra Comunitat, es plenamente legítimo que el país que acoge a los inmigrantes articule procedimientos para facilitar su integración. Muchos Estados europeos, con mayor experiencia que España en materia de inmigración, ya han puesto en marcha un documento para facilitar la integración. Un documento para mejorar esa nueva relación que se establece entre el inmigrante y el país de destino. Estos documentos han sido promovidos por Gobiernos tanto socialdemócratas como centristas o conservadores. Sin que nadie se rasgue las vestiduras por ello, sino todo lo contrario. Porque esas iniciativas que buscan la ordenación del fenómeno migratorio cuentan con el respaldo mayoritario de la ciudadanía.

Y ello bien que lo detectó el PSOE en las semanas previas a las últimas elecciones legislativas, no en vano tuvo que atemperar su discurso, tradicionalmente irresponsable en materia migratoria, cuando Mariano Rajoy anunció el compromiso de la integración.

Debo añadir que, si bien es cierto que la competencia en materia de inmigración es del Gobierno central – el Gobierno que promovió la imprudente y masiva regularización de cientos de miles de inmigrantes – , no es menos cierto que los inmigrantes no viven en la Moncloa o en los ministerios. Viven en los municipios y en las comunidades autónomas. Y Autonomías y Ayuntamientos no pueden desentenderse de sus obligaciones para con estos nuevos ciudadanos. A los que deben prestar muy importantes prestaciones sociales, educativas, sanitarias, etc.

De ahí que resulte irónico decir que la integración no es competencia de la Generalitat o de los Ayuntamientos. Es competencia de todos. Y el compromiso de integración que propugna el Gobierno valenciano, no sólo es plenamente acorde con las obligaciones de los poderes públicos sino que también lo es en el escenario jurídico de la Comunitat.

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