Cuando parecía que el incidente diplomático entre España e Italia a cuenta de la inmigración ilegal se había aclarado, otro ministro socialista se encargó ayer de echar más leña al fuego. Fue el titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien desde Badajoz volvió a criticar al Gobierno italiano.

“Berlusconi quiere criminalizar al diferente, y yo, como ministro, asumo la responsabilidad de gobernar ese fenómeno, que son dos cosas diferentes”, indicó Corbacho a preguntas de los periodistas.

Las actuaciones del Gobierno de Berlusconi, a su juicio, “ponen más el acento en discriminar al diferente, que no el acento en gobernar el fenómeno, ésta es la diferencia” entre la política de los dos países, aseguró. El ministro planteó como reflexión que “no hay que equivocar el discurso imputando la culpa al inmigrante como individuo y ser humano”. En su opinión, cuando se produce un fenómeno de inmigración “masivo y rápido, se ha de gobernar”, porque de lo contrario “puede ser generador de problemas”. A partir de ahí, añadió, hay que gestionarlo “con garantías y con exigencia del cumplimiento de los deberes y, entonces, un ilegal sólo puede tener como destino el retorno a su país”, según recalcó, respetando los derechos humanos.

Celestino Corbacho aseguró que España tiene un sistema de garantías para todos los ciudadanos, y en concreto para los inmigrantes, aunque reconoció que también son necesarias las políticas de control y de exigencia. “Los inmigrantes que hagan falta, pero todos con contrato de trabajo”.

Esta nueva crítica de un ministro español se suma a las realizadas por María Teresa Fernández de la Vega. El viernes se inició una crisis diplomática entre España e Italia por unas declaraciones de la vicepresidenta en las que criticó la política de expulsiones “sin respeto a la ley y a los derechos humanos” del Gobierno de Berlusconi.

El embajador italiano en Madrid pidió explicaciones al Ejecutivo español, lo que obligó a la intervención del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y del propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para puntualizar las palabras de la vicepresidenta. El Gobierno italiano dio por cerrada la polémica al considerar que Zapatero desmentía lo dicho por De la Vega.

La vicepresidenta insistió el sábado en que no había ningún “malentendido” con Italia y que “una cosa son las acciones de Gobierno” y otras los “incidentes concretos” que pueden comportar acciones de violencia, xenofobia y racismo" como los ocurridos recientemente en Nápoles, donde ciudadanos italianos incendiaron campamentos de gitanos rumanos.