MADRID. Las divergencias en política de inmigración volvió a provocar un nuevo incidente entre los gobiernos español e italiano. El detonante de la nueva crisis fueron unas declaraciones del titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien manifestó ayer que el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, «quiere criminalizar al diferente», mientras que España pone el «acento» en controlar el fenómeno de la inmigración.

«Berlusconi quiere criminalizar al diferente, y yo, como ministro, asumo la responsabilidad de gobernar ese fenómeno, que son dos cosas diferentes», indicó el ministro Corbacho a preguntas de los periodistas, en Villafranca de los Barros (Badajoz).

El titular de Trabajo e Inmigración planteó como reflexión que «no hay que equivocar el discurso imputando la culpa al inmigrante como individuo y ser humano». En su opinión, cuando se produce un fenómeno de inmigración «masivo y rápido, se ha de gobernar», porque, de lo contrario, «puede ser generador de problemas».

A partir de ahí, añadió, hay que gestionarlo «con garantías y con exigencia del cumplimiento de los deberes y, entonces, un ilegal sólo puede tener como destino el retorno a su país», pero, ha recalcado, después de respetar los derechos humanos.

Señaló que España tiene un sistema de garantías para todo el mundo, y en concreto para los inmigrantes , aunque, añadió, también son necesarias las políticas de control y de exigencia. «Los inmigrantes que hagan falta, pero todos con contrato de trabajo», subrayó el ministro.

Llamada del embajador

Como ya ocurriera el pasado viernes, por unas polémicas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el embajador de Italia en España, Pasquale Terracciano, exigió anoche explicaciones al secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido. Tras una conversación por teléfono, Garrido aseguró que los gobiernos de España e Italia «coinciden» en que toda política de inmigración debe ajustarse a la legalidad y en que tiene que haber una «posición común» en la Unión Europea respecto a este asunto.

El secretario de Estado explicó al embajador italiano que las declaraciones del ministro Corbacho se produjeron en «el contexto de un proceso de ley planteado en Italia para convertir la inmigración clandestina en un delito». Según López Garrido, el embajador italiano le aseguró anoche que el Gobierno italiano «no sigue esa línea» y que los inmigrantes que han sido expulsados de Italia los últimos días lo han sido «por cometer delitos y en aplicación de la ley».

El pasado viernes, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, María Teresa Fernández De la Vega aseguró que «no comparte la política de expulsiones» de Italia porque «no respeta la ley ni los derechos de los inmigrantes ». «El Gobierno (español) rechaza la violencia, el racismo y la xenofobia, y por tanto no puede compartir lo que está sucediendo en Italia», sentenció.

Estas declaraciones fueron recibidas con indignación por parte del Gobierno italiano y en esa ocasión no fueron suficientes las explicaciones de López Garrido al embajador Terracciano. Al final el incidente se zanjó tras una reunión entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, en la recién finalizada Cumbre UE – América Latina de Lima. Horas antes, el ministro italiano y líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, subrayó que los españoles «fueron los primeros en disparar contra los inmigrantes , nosotros en cambio ya los tenemos aquí y tenemos el problema inverso, el problema de echarlos fuera».

La Policía italiana ha llevado a cabo redadas masivas. Berlusconi prepara un duro decreto que supone el cierre de fronteras y el despliegue del Ejército en la lucha contra la inmigración ilegal. Planea incluso que quede sin efecto la aplicación del Tratado de Schengen antes de proceder a la expulsión de miles de gitanos rumanos y búlgaros. En los últimos días cinco campamentos de gitanos al sur de Italia han sido incendiados por los ciudadanos. AGENCIAS