El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, acusó ayer al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, de “criminalizar al diferente” con sus políticas y declaraciones. Corbacho contrapuso la posición española, con más “acento en gobernar el fenómeno”, que si es “masivo y rápido, puede generar problemas”.

La inmigración, según Corbacho, hay que gestionarla con “garantías y exigencia del cumplimiento de deberes”. Un inmigrante en situación irregular “sólo puede tener como destino el retorno a su país”, pero con “respeto a los derechos humanos”.

Estas declaraciones son el último reproche entre los dos Ejecutivos a raíz del decreto contra la inmigración que estudia el Gobierno de Berlusconi, que fue criticado el viernes por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. El ministro Umberto Bossi replicó que los españoles “disparan a los inmigrantes”.