Desarticulan una red en Valencia y Castellón que concertó 300 matrimonios de conveniencia
El grupo, que cobraba hasta 10.000 euros por boda, estaba dirigido por cuatro hermanas
Las Provincias,
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18-05-2008
Casados en España sin pisar el país. Por 10.000 euros, un extranjero podía lograr la tarjeta de residencia al contraer matrimonio con una española. No necesitaba ni acudir a la boda. Un compatriota le sustituía y le mandaba la documentación necesaria para entrar legalmente en la Comunitat Valenciana. La Policía Nacional ha desarticulado la red, una de las más importantes desmanteladas en España, que operaba en Valencia y Castellón.
Los 19 miembros del grupo fueron arrestados como supuestos responsables de la concertación de unos 300 matrimonios de conveniencia con extranjeros, la mayoría de Nigeria y Pakistán.
Según informó ayer la policía, los matrimonios tenían como objetivo la obtención de la autorización de residencia y se cobraba a los extranjeros en torno a los 10.000 euros.
En la operación, denominada Canónicos, se ha detectado una veintena de casos de usurpación de estado civil de personas ajenas, para lo cual han utilizado documentación que han perdido o sustraído para suplantarles en la celebración de matrimonios.
Se ha dado también la circunstancia de que esas personas ajenas se han visto sorprendidas al tener conocimiento que estaban casadas, ya que en alguna ocasión, habían recibido una carta de su supuesto marido extranjero agradeciendo el servicio prestado para solucionar su situación de irregularidad.
La organización utilizaba a dos hombres de origen nigeriano y pakistaní para captar clientes extranjeros. En alguno de los matrimonios celebrados, los verdaderos clientes podrían estar en sus países de origen y ser otros compatriotas los que se presentaran en el enlace, para posteriormente remitir al verdadero cliente la tarjeta de residencia obtenida, y así facilitarle la entrada en el país.
La operación ha sido realizada por la Jefatura Superior de Policía de Valencia y ha contado con la colaboración de la Brigada Central contra las Redes de Inmigración de la Comisaría General de Extranjería y Documentación y agentes de la Comisaría de Burjassot.
Según las mismas fuentes, la investigación se inició el pasado mes de noviembre al tenerse conocimiento de la posible existencia de un grupo perfectamente estructurado, formado en su mayoría por ciudadanos españoles, que se dedicaba a realizar matrimonios de conveniencia.
La organización estaba liderada por cuatro hermanas españolas de entre 21 a 30 años, que utilizaban diferentes vías para conseguir sus objetivos, entre ellas captar a mujeres con problemas económicos dispuestas a prestar su consentimiento matrimonial con un extranjero a cambio de 5.000 euros.
Otra era la de obtener documentaciones perdidas o sustraídas de españolas, con las cuales ellas mismas, u otras mujeres de la organización, se constituían en novias, usurpando el estado civil de la perjudicada para contraer matrimonio con ciudadanos extranjeros, valiéndose de la colaboración de un vigilante de seguridad, que por razón de su trabajo le llegaban documentos perdidos o sustraídos.
Detenidas 19 personas
La policía pudo averiguar la identidad de los diferentes miembros de la organización, por lo que entre el lunes y el miércoles pasados estableció un dispositivo que finalizó con la detención de 19 personas.
De ellas hay once mujeres de entre 21 y 30 años y cinco hombres de entre 20 y 51 años, todos españoles, y tres hombres de origen indio, pakistaní y nigeriano. Las detenciones se produjeron en Paterna, Moncada, Burjassot, Valencia y Castellón.
Según los casos, los agentes les imputan supuestos delitos de asociación ilícita, bigamia, usurpación de estado civil, contra el derecho de los trabajadores, falsificación documental, y tráfico de drogas a pequeña escala y favorecimiento a la inmigración ilegal.
Las mismas fuentes añaden que la investigación continúa abierta pese a que ha sido detenida la práctica totalidad de los supuestos responsables, así como que los detenidos, cinco de ellos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.
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