Silvio Berlusconi ha comenzado a aplicar la mano dura contra la inmigración ilegal que prometió durante su campaña electoral. La primera acción importante tuvo lugar el pasado jueves, cuando la Policía italiana detuvo a 400 «sin papeles» acusados de tráfico de personas y de drogas y de proxenetismo. La maxi redada coincide con la presentación del nuevo plan de seguridad, cuya dureza ha llevado incluso al presidente de la República, Giorgio Napolitano, a pedir que sea revisado en uno de sus aspectos más controvertidos: la consideración de que la inmigración clandestina es un delito. Las otras disposiciones del decreto sobre seguridad contemplan: el endurecimiento de penas para los crímenes con alarma social, la utilización del Ejército para patrullar las calles, la expulsión inmediata de los extranjeros que delincan, el internamiento hasta seis meses de los «sin papeles» y la disminución de situaciones en que se permite la reagrupación familiar.


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