El Gobierno conservador de Silvio Berlusconi, que ganó las recientes elecciones italianas esgrimiendo la seguridad, no solo afronta ahora los incendios sociales que ha prendido con el arresto de golpe de casi 400 inmigrados, algunos con antecedentes y otros sin papeles, y el repetido anuncio de severas medidas contra la inmigración clandestina y el crimen callejero. También se le han declarado incendios políticos fuera de sus fronteras, en especial en Madrid.
El Gobierno español no dudó en lanzar una feroz crítica – – aguada horas después por la diplomacia y por el propio presidente Zapatero – – a las medidas adoptadas por el Ejecutivo italiano. En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega cargó contra “las acciones que exaltan la violencia, el racismo y la xenofobia”. “El Gobierno español no comparte la política de expulsiones de Italia, porque no respeta la ley ni los derechos de los inmigrantes”, aseguró De la Vega, e insistió en que la inmigración es un fenómeno “necesario” y positivo si se acomete desde el orden y la legalidad. “Hay mecanismos legales distintos a los utilizados en Italia para combatir la inmigración ilegal”, concluyó con rotundidad.

NADA DE “LECCIONES” Las duras acusaciones de De la Vega levantaron ampollas en Roma. Entre la catarata de respuestas que cosechó destaca la del portavoz del Partido Republicano – – aliado de Berlusconi – – Riccardo Bruno, que vio “paradójico” que España quiera dar “lecciones”. “Nosotros no tenemos a la Guardia Civil que dispara contra los inmigrantes, como ocurrió en el 2005 en Ceuta”, añadió.
Así las cosas, la diplomacia española se empleó a fondo para rebajar el impacto de las palabras de la vicepresidenta, informa Pilar Santos desde Lima. El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, llamó al embajador italiano en Madrid para aclarar que las críticas de Fernández de la Vega no iban dirigidas a los decretos que prepara el Gobierno italiano, que el Ejecutivo español “no va a valorar”, sino “solo a los ataques racistas contra los campamentos”. Los dos ministros de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y Franco Frattini, mantuvieron asimismo un breve encuentro en la cumbre entre América Latina y la UE. “Ambos están de acuerdo en que ha sido un malentendido. Todos los Gobiernos europeos están por luchar contra la inmigración ilegal con la ley en la mano”, aseguró un portavoz español de Exteriores. “Esto no llega ni a incidente”, zanjó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mientras Frattini se daba por “satisfecho” con las explicaciones recibidas.

LA UE, CON “MUCHA ATENCIÓN”
La Comisión Europea, por su parte, afirmó ayer que sigue con “mucha atención” la actuación de las autoridades italianas, pero no intervendrá mientras Roma no adopte una ley que vulnere claramente el derecho europeo, informa desde Bruselas Eliseo Oliveras. El Ejecutivo comunitario recordó que la legislación europea impide la expulsión masiva de las personas sin papeles y que las expulsiones deben adoptarse caso por caso, respaldadas por una motivación que las sustente, recurrible ante la justicia.
Desde Viena, la oficina de derechos humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) criticó asimismo la “estigmatización” de los inmigrantes e instó al Gobierno italiano a prevenir los ataques a los gitanos.

LA IGLESIA, CRÍTICA
En Italia, mientras los líderes de la minoría progresista observan un sorprendente silencio, el papa Benedicto XVI y otras múltiples voces de la Iglesia han salido al paso de la furia ciudadana que en algunas capitales ha destruido asentamientos casi seculares de gitanos. “Es necesario acoger a los hermanos y hermanas inmigrantes, que normalmente proceden de países pobres”, dijo el Papa en la audiencia del miércoles, mientras en Nápoles la policía salvaba a centenares de gitanos del linchamiento popular. El presidente de los obispos italianos, cardenal Angelo Bagnasco, lanzó ayer una llamada a “evitar extremismos” y a “crear las condiciones de acogida y dignidad para todos aquellos que respetan las reglas de convivencia”. En Il Corriere della Sera, el conocido sacerdote Gino Rigoldi escribía ayer que “una exagerada y oportunista utilización del llamado tema seguridad está creando (…) un tipo de rechazo cercano al odio”.
Roberto Maroni, ministro del Interior por la Liga Norte, ilustró el miércoles al presidente de la República, Giorgio Napolitano, sobre las medidas que deben ser aprobadas en el primer Consejo de Ministros, previsto para la semana próxima. Napolitano se reservó la posibilidad de consultar a sus asesores constitucionales cuando le sean sometidas estas medidas formalmente. “Lo importante es que se dé una buena respuesta”, dijo ayer Napolitano.
Mientras Frattini pedía ayer “una revisión necesaria” de las fronteras del espacio europeo de libre circulación de Schengen, Maroni tuvo que apaciguar los ánimos, afirmando que “ha llegado el momento de intervenir con firmeza para evitar que la rabia prevalezca por encima de las reglas de la convivencia civil y se puedan repetir episodios de injustificable violencia”. Pero añadió que “el Gobierno ha recibido un claro mandato de los electores para garantizar la seguridad en primer lugar”.
Su colega de Defensa, Ignacio La Russa, apretó más las tuercas al anunciar que se cambiará la denominación de los centros de acogida por la de centros de identificación y expulsión y proponer la idea de constituir patrullas mixtas de policías locales y militares que vigilen los barrios de las ciudades. Sustituirían a las rondas civiles que espontáneamente ya funcionan en muchas ciudades, frente a las que los gitanos de Roma han respondido con otras patrullas propias para defender sus asentamientos. “Si hay un criminal, que pague, pero que no nos castiguen a todos”, afirman los entrevistados por las televisiones.