A las proclamas de la coalición liderada por Silvio Berlusconi y al tono xenófobo de la Liga Norte de Bossi se han unido estos días unos cuantos episodios delictivos protagonizados por extranjeros de etnia gitana (en Italia llamados “rom”) que han servido para encender el fuego del odio racial. El frustrado rapto de un bebé napolitano ha provocado en un barrio marginal de Nápoles una razzia protagonizada por una turba poseída por un irracional afán de limpieza étnica. Estos hechos han hecho saltar la alarma e incluso el ministro del Interior, el halcón Roberto Maroni, ha declarado que las medidas de choque contra la inmigración ilegal no serán expulsiones en masa. Sin embargo, estas ya se han iniciado. En Roma no ha sido una turba, sino el alcalde, el que ha lanzado una redada contra un campamento gitano.
El problema de fondo está en saber si el Ejecutivo de Berlusconi respeta la libre circulación de ciudadanos europeos. La Comisión Europea opina que, “hasta el momento”, Italia no ha violado las leyes comunitarias, pero en ese país se corre el gravísimo riesgo de una violación de los más elementales derechos humanos, alentada por las palabras incendiarias y por una anunciada legislación muy restrictiva que aplaude una población que quiere que se expulse a toda una comunidad y no a unos individuos concretos que hayan delinquido. Ante esa quiebra moral se oyen pocas voces en contra: entre ellas la del jefe del Estado, Giorgio Napolitano, último garante de la conciencia ética. La vicepresidenta del Gobierno español, Fernández de la Vega, se desmarcó de la política de expulsiones que no respeta la ley y los derechos. Sorprendentemente, el PP la ha criticado por esto.