El Gobierno italiano rechazó ayer la violencia vivida en Nápoles contra campamentos de gitanos, en su mayoría originarios de Rumanía, al tiempo que continuó con las redadas para la expulsión de extranjeros, pese a las críticas recibidas, entre ellas unas muy polémicas de la vicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega. EFE. ROMA .

El ministro del Interior, Roberto Maroni calificó de “injustificables” los incendios, días atrás, de cinco campamentos gitanos vacíos en Nápoles.

“Se puede evitar que la rabia prevalezca sobre las reglas de la convivencia civil y que se repitan episodios de injustificable violencia como los que se han producido lamentablemente en Nápoles”, dijo el ministro, en una alocución durante la fiesta del 156 aniversario del Cuerpo de Policía.

La violencia en Nápoles se desató después del intento de secuestro de un niño italiano de seis meses por parte de una joven rumana que desató la ira de la población y la actuación de los violentos. Hasta ahora han sido detenidos unos 140 italianos por esos incendios.

Después de condenar la violencia , el ministro Maroni aseguró que el Estado dará todo el apoyo necesario “para mejorar la seguridad” de Italia. Es intención del Gobierno “gestionar con orden y rigor la inmigración interna y externa de la Unión Europea para garantizar la convivencia pacífica, de hoy y del mañana, de todos los pueblos”, agregó. Mientras Maroni pronunciaba esas palabras, once rumanos con antecedentes penales fueron expulsados en un vuelo directo a Bucarest.

La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega dijo ayer que el Gobierno español está en desacuerdo con la política de Berlusconi en esta materia y expresó que “rechaza la violencia, el racismo y la xenofobia, y por tanto no puede compartir lo que está sucediendo en Italia”. También dijo que “no comparte la política de expulsiones sin respeto a la ley y a los derechos”. La Liga Norte italiana criticó las declaraciones de Fernández de la Vega por boca de su senador Paolo Franco, quien dijo a los medios locales que la vicepresidenta “teme que una política rigurosa del control del Mediterráneo por parte del Gobierno italiano” pueda desviar hacia las costas españolas a los ilegales procedentes de Libia. Desde la oposición, el segundo partido más importante, “Italia de los Valores” (IDV), lo consideró una “injerencia inaceptable”. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero dio por cerrado el incidente tras contactos mantenidos con el canciller italiano Franco Frattini.