Europa no ha conseguido aún ponerse de acuerdo sobre una directiva trascendental para armonizar entre los Estados miembros el tratamiento de los inmigrantes ilegales. La denominada Directiva de Retorno, una iniciativa que entronca en los acuerdos de la cumbre de Tampere de 1999, y que resulta clave para instaurar a plazo una política común de inmigración, es aún objeto de transacciones entre los socios de la Unión, que no alcanzaron a ponerse de acuerdo el pasado día 7 sobre una propuesta enmendada del texto inicialmente elaborado por la Comisión en 2005, que patrocinaba la presidencia eslovena.

El asunto volverá a ser tratado por los representantes permanentes de los 27 en su reunión del próximo miércoles. En el encuentro precedente pudo constatarse una tendencia inequívoca en un importante número de socios comunitarios a endurecer el texto. Las tesis de Sarkozy y de Berlusconi sobre el tratamiento de la inmigración ilegal están haciendo camino en la Europa comunitaria. La propuesta busca forzar a los gobiernos a tomar medidas con los emigrantes ilegales en un plazo de seis meses, ampliable a 18 en circunstancias excepcionales: ya sea expulsarlos, ya legalizarlos o concederles asilo. Un inmigrante expulsado no podrá retornar a la UE antes de cinco años.