Europa no ha conseguido aún ponerse de acuerdo sobre una iniciativa para armonizar entre los Estados miembros cómo tratar el problema de los inmigrantes ilegales. La denominada Directiva de Retorno, que entronca en los acuerdos de la cumbre de Tampere de 1999 y que resulta clave para instaurar a plazo una política común de inmigración, es aún objeto de transacciones entre los socios de la UE, que no alcanzaron a ponerse de acuerdo el día 7 sobre una propuesta enmendada del texto elaborado por la CE en 2005, que patrocinaba Eslovenia.

El asunto volverá a ser tratado por la Unión en su reunión del día 21. En el encuentro precedente pudo constatarse una tendencia inequívoca en un importante número de socios a endurecer el texto. Las tesis de Sarkozy y de Berlusconi sobre el tratamiento de la inmigración ilegal están haciendo camino en la Europa comunitaria.

La propuesta que está sobre la mesa busca forzar a los gobiernos a tomar medidas con los ‘sin papeles’ en un plazo de 6 meses, ampliable a 18 en circunstancias excepcionales: expulsarles, legalizarles o concederles asilo. Un expulsado no podrá retornar a la UE antes de 5 años.

La propuesta eslovena se sustenta sobre un compromiso alcanzado con el ponente del Parlamento Europeo en esta materia (el alemán Manfred Weber, PPE). Los detractores de la directiva – socialistas, la izquierda unida y una parte de los verdes y de los liberales – han anunciado enmiendas para la sesión plenaria del 4 y 5 de junio en Bruselas a fin de forzar una segunda lectura.