El Ejecutivo de ‘Il Cavaliere’ pretendía negociar la suspensión del Tratado de Schengen, algo que la Comisión Europea ha rechazado A pesar de que tiene sólo unos días de vida, el Gobierno de Silvio Berlusconi ya es objeto de una fuerte controversia internacional. La Unión Europea y el Vaticano no han dudado en alzar su voz en contra de la dura política contra los inmigrantes que defiende el Ejecutivo de Il Cavaliere, como ya antes lo hicieran las autoridades de Rumanía y de Libia. Y dentro de Italia también son cada vez más quienes ponen en tela de juicio las medidas en materia de seguridad e inmigración del nuevo Gobierno que, entre otras cosas, se plantea que patrullas compuestas por policías y soldados vigilen las principales ciudades del país.

El presidente, Giorgio Napolitano, por ejemplo, ya ha mostrado su reserva a estampar su firma en el decreto ley que planea aprobar el Gobierno, exigiendo algunos cambios antes de rubricarlo y objetando sobre todo la presunta urgencia de varias medidas.

La mayor contrariedad a los planes de Silvio Berlusconi venía sin embargo de Bruselas. La Comisión Europea frenaba ayer secamente la posibilidad de abrir una renegociación del Tratado de Schengen, como desea Italia, que se muestra ansiosa por cerrar su frontera a algunos ciudadanos comunitarios, sobre todo a los gitanos y en especial a los de origen rumano. Rumanía forma parte de la UE, pero no del espacio Schengen, por lo que en teoría sus ciudadanos pueden ser bloqueados en la frontera.

Pero para Italia no es suficiente: el Gobierno de Berlusconi aspiraba a negociar con la UE la posibilidad de suspender Schengen para evitar la entrada en su territorio de determinados colectivos. El propio ministro de Exteriores, Franco Frattini, ya había dejado caer en un par de entrevistas que Bruselas se planteaba la revisión del Tratado de Schengen y el control de las fronteras.

Sin embargo, la respuesta de la UE ha sido un tajante no. «La Comisión Europea no tiene intención en este momento de tomar ninguna iniciativa ni proponer ningún estudio relativo al Acuerdo de Schengen, ni a las partes del acuerdo que regulan la abolición de las fronteras internas o la reintroducción temporal de controles», era la seca réplica con que Pietro Petrucci, portavoz de la Comisión Europea, zanjaba la cuestión. Ya el día anterior la Comisión europea había condenado los episodios de violencia contra campamentos gitanos.

Las críticas no se detienen ahí. El Vaticano también ha atacado las políticas en materia de inmigración del Ejecutivo de Il Cavaliere. El presidente de la Conferencia Episcopal italiana, el cardenal Angelo Bagnasco, rompía ayer una lanza en una entrevista al diario La Repubblica a favor de que Italia acoja a los indocumentados que respetan las leyes de la convivencia y están dispuestos a una verdadera integración. Y hace unos días Benedicto XVI hizo un llamamiento a favor de acoger a los inmigrantes y defendió su reagrupación familiar, en lo que parecía una clara alusión a los planes del Gobierno italiano, que para autorizar la entrada en el país de inmigrantes por motivos de reagrupación familiar (desde principios de 2006 hasta abril pasado lo han hecho 50.000 personas) pretende exigir pruebas genéticas que demuestren la existencia de vínculos de parentela.

Varias asociaciones de inmigrantes y ONG han censurado también las medidas contra la inmigración que se propone aprobar el Ejecutivo italiano. Empezando por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que ayer expresaba su preocupación por lo que está sucediendo en Italia.

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EL ‘PLAN BERLUSCONI’

Nuevo delito: Incluir en el Código Penal como delito el ser un inmigrante ilegal y castigarlo con la reclusión y la expulsión inmediata.

Contra los gitanos: Exigir un nivel mínimo de ingresos antes de conceder un permiso de residencia a un inmigrante comunitario.

Deportaciones: Expulsar de forma inmediata a los inmigrantes que delincan.

Contra Schengen: Suspender temporalmente la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea y restablecer los controles fronterizos.

ADN: Exigir el test del ADN para la reagrupación familiar de los inmigrantes.

Retención: Ampliar a 18 meses el periodo de retención en los Centros de Permanencia Temporal.