La seguridad ciudadana y la presencia de inmigrantes indocumentados se han convertido en prioridades del nuevo Gobierno italiano de centroderecha de Silvio Berlusconi, que ha elaborado un plan de choque al respecto que prevé, entre otras medidas, la creación del delito de inmigración clandestina. Según el borrador del plan, el sospechoso de haber cometido tal delito – es decir, el inmigrante sin papeles- deberá ser procesado en un máximo de quince días y después expulsado de Italia. La Unión Europea ya ha dado al respecto señales de perplejidad. El nuevo Ejecutivo también proyecta reforzar los polémicos centros de permanencia temporal (CPT), en los que son recluidos los inmigrantes sin papeles hasta que se decida su destino, pero en los que no pueden estar más de dos meses. La idea es ampliar al plazo a 18 meses – límite temporal que, de hecho, Bruselas está estudiando ya ahora- y crear nuevos centros. En la actualidad, hay once.

Estas intenciones de tolerancia cero del nuevo Ejecutivo de Silvio Berlusconi contra la inmigra ción irregular llegan en un momento de fuerte alarma social en Italia por recientes violaciones, robos y asesinatos cometidos por inmigrantes rumanos, nacionalidad que los italianos asocian ineluctablemente a delincuencia. En menor medida, la asocian también a marroquíes y albaneses. Según datos del instituto de estadística Istat, desvelados la semana pasada, del año 2000 hasta hoy ha disminuido el número de delitos en Italia (del 13,1 al 10,3 por millón de habitantes), pero la percepción de los italianos sobre el crimen ha empeorado, pues el 58,7% lo citan como su principal preocupación.

El caso Rumanía impregna en gran medida el espíritu de otra de las normas previstas por el centroderecha: la expulsión de ciudadanos comunitarios que hayan delinquido o que no demuestren una determinada renta. Rumanía forma parte de la UE, pero no del espacio Schengen, por lo que, en teoría, sus ciudadanos pueden ser bloqueados en la frontera. Con todo, Italia aspira a negociar con la UE la posibilidad de suspender Schengen para evitar la entrada en su territorio de determinados colectivos.

Por lo que respecta a las exigencias de renta mínima para comunitarios, se habla ya del modelo Cittadella, en alusión a la localidad lombarda de Cittadella, cuyo alcalde (Massimo Bitonci, de la Liga Norte) exige a todo extranjero que quiera empadronarse una renta mínima anual de 5.061,68 euros, y un domicilio con determinados requisitos sanitarios.

Mientras, la vinculación sistemática rumano-delito que se airea en la política italiana ha provocado la queja del ministro de Exteriores rumano, después de un primer encontronazo con Italia el pasado otoño. En aquella ocasión, el asesinato de una mujer a manos de un rumano propició un decreto ley del entonces Ejecutivo de centroizquierda de Romano Prodi, que buscaba también frenar a los comunitarios que cometan delitos en territorio italiano.

Otra medida prevista afecta a las entradas de extranjeros por reagrupación familiar – hubo 50.000 desde inicios del 2006 hasta el pasado mes de abril-, para las que se exigirá el test del ADN a los parientes, que deberán probar así que existe realmente un vínculo de parentesco entre el ya residente en Italia y el que aspira a entrar en el país.

Al borrador le faltan retoques, pero en sustancia será el pactado anteayer entre cinco ministros: Roberto Maroni (Interior), Ignazio La Russa (Defensa), Angelino Alfano (Justicia), Franco Frattini (Exteriores) y Andrea Ronchi (Políticas Comunitarias). Parte de las medidas se incluirán en un decreto ley, que será aprobado en el primer Consejo de Ministros operativo del nuevo Gobierno, que se celebrará el próximo miércoles 21 en Nápoles. Algunas otras medidas, como la conflictiva creación de la nueva figura penal de inmigración clandestina, podrían figurar en un proyecto de ley, que precisará el lógico debate parlamentario.

Técnicos ministeriales han alertado de que la aparición del “delito de inmigración clandestina” puede congestionar cárceles ya de por sí superpobladas, y atascar aún más el funcionamiento del sistema judicial. La paternidad del plan tiende a adjudicarse a la Liga Norte, partido federalderechista de la coalición, porque de ese partido es el ministro del Interior, pero la propuesta de crear ese nuevo delito es del diputado de Forza Italia Niccolò Ghedini, abogado de Berlusconi.