>Una abogada bilbaina ha sido condenada a dos años de inhabilitación por estafas a un grupo de senegaleses una media de 800 euros con los que iniciar los trámites para conseguir un contrato de trabajo que nunca existió.

>UNA abogada de Bilbao dejará de ejercer su profesión durante dos años porque un juez ha decidido inhabilitarla para dicha profesión tras estafar a un grupo de 39 inmigrantes con promesas de inexistentes trabajos. La magistrada jugó con los derechos fundamentales de un grupo de personas – en su mayoría de origen senegalés – que llegaron a Bilbao con la intención de encontrar una nueva vida. La abogada ahora condenada contactó con ellos durante el proceso de regularización del año 2005 y, a cambio del pago previo de 800 euros por persona, se comprometía a realizar los trámites necesarios ante la Seguridad Social para la obtención de los papeles con los que regularizar su situación. Los inmigrantes no obtuvieron papel alguno y los trabajos sólo eran promesas. La abogada asumió ayer entre lágrimas una condena de dos años de prisión, dos de inhabilitación profesional y la devolución de los 800 euros a todos los estafados. Mari Carmen F.G., así se llama la encausada, jugó con la vida de personas, aunque éstas tengan otro color de piel. Jugó con el futuro incierto de inmigrantes que recalan en una ciudad como Bilbao en busca de una regularización, unos papeles y un trabajo que les sitúen al mismo nivel que cualquier otro vecino de la ciudad. Muchos de ellos ya superaron en su país de origen esa primera estafa que supone ponerse en manos de las mafias que les trasladan hasta la península. La proliferación de inmigrantes en las calles de nuestras ciudades da pie a este tipo de casos. Empleados sin contrato de trabajo, cobrando cantidades muy por debajo del salario mínimo, explotación en definitiva denunciada en este, y en otros tantos casos, por ONGs que atienden a estos colectivos. Organizaciones como Harresiak Apurtuz que han liderado todo el trámite judicial, en este caso con 39 personas implicadas, y que protestan precisamente por eso. Por el desinterés o la distancia de la Subdelegación de Gobierno, que todavía no ha tramitado los documentos legales de otros implicados en un caso parecido. Esta institución se ha comprometido a realizar las acciones pertinentes para legalizar a estos inmigrantes que desde el primer momento colaboraron con la Justicia. Un compromiso que debe traducirse en realidad para que los inmigrantes crean verdaderamente que han llegado a un país en el que la Justicia y el respeto a los derechos humanos funcionan. No tener los escrúpulos mínimos para tratar a las personas como se merecen debe ser castigado por los jueces. El respeto de los derechos individuales debe prevalecer sobre cualquier otra cuestión. La sentencia publicitada ayer sienta jurisprudencia en Bizkaia. Se abre así un nuevo escenario para evitar abusos que parecen tan habituales como la situación de indefensión en la que viven los inmigrantes . Porque sólo buscan legalidad para poder trabajar.