Su Gobierno va a aprobar un paquete de medidas para expulsar a decenas de miles de inmigrantes ilegales de dentro y fuera de la UE Ser inmigrante ilegal en Italia será en breve un delito tipificado en el Código Penal y castigado con la reclusión obligatoria y la expulsión inmediata. Eso es lo que pretende el recién estrenado Gobierno de Silvio Berlusconi que, ya en su primer Consejo de Ministros (que probablemente se celebrará a finales de la próxima semana en Nápoles), pretende aprobar una batería de medidas de seguridad pensadas sobre todo para expulsar a decenas de miles de inmigrantes de Italia y evitar nuevos ingresos.

Il Cavaliere y, sobre todo, sus socios políticos de la Liga Norte son conscientes de que si ganaron por goleada las elecciones del 13 y 14 de abril pasado y lograron una sólida mayoría absoluta fue en gran medida por defender que había que actuar con mano dura contra la inmigración. Así que ahora se proponen hacer realidad sus promesas rápidamente para no defraudar a sus votantes y porque, con la llegada del buen tiempo, es seguro que aumentará el número de pateras que desembarcará en las costas sicilianas.

Sólo un día después de jurar su cargo Roberto Maroni, el nuevo ministro del Interior y miembro de la Liga Norte, ya estaba trabajando el viernes en un paquete de medidas con las que hacer frente no sólo a los inmigrantes extracomunitaria sino también comunitarios. Porque buena parte de las medidas de seguridad que baraja el nuevo Ejecutivo italiano están pesadas específicamente contra los gitanos procedentes de Rumanía, país cuyo ingreso en la UE en enero de 2007 contó, por cierto, con el apoyo apasionado del Gobierno de Il Cavaliere.

Ingresos y residencia

Con ese objetivo, el Ejecutivo de Berlusconi fijará un nivel mínimo de ingresos antes de darle el permiso de residencia a un europeo. Pero, sobre todo, le exigirá que demuestre que habita en un domicilio regular. Una estratagema pensada específicamente para poder expulsar a los nómadas gitanos rumanos, que suelen vivir en sus carromatos. «A los inmigrantes se les exigirá una renta mínima y un domicilio regular. Si no, serán expulsados», asegura Roberto Calderoli, ministro de Simplificación y uno de los principales exponentes de la Liga Norte.

Siempre en la misma línea, y en respuesta a las recientes violaciones y asesinatos cometidas en Italia por rumanos, el equipo de Il Cavaliere está también estudiando la posibilidad de expulsar del país a todos aquellos inmigrantes comunitarios que cometan delitos.

Y estudia asimismo echar mano de la directiva comunitaria que permite, «por exigencias de orden público o de seguridad nacional», que un Estado pueda suspender temporalmente la libre circulación de ciudadanos de la UE reconocida en el Tratado de Schengen y llevar a cabo controles en sus fronteras. Siempre con la meta final de cerrar la entrada en Italia a los inmigrantes rumanos y a los búlgaros.

«Nuestro deber es preparar medidas eficaces en todos los frentes de la seguridad y que tomen en consideración los últimos fenómenos vinculados a la inmigración de comunitarios», declaraba el ministro Maroni ayer en entrevista al rotativo La Padania, el periódico oficial de la Liga Norte. Además, hace unos días, Roberto Maroni ya anunciaba que en caso de necesidad «renegociará» con la Comisión Europea las reglas sobre la libre circulación y pondrá límites cuando esté en juego la seguridad nacional.

Además, el Berlusconi III también pretende que los reincidentes cumplan íntegras sus condenas y se propone endurecer las penas para los delitos que se consideran que desatan la alarma social. Para algunos crímenes (como robos, hurtos, tráfico de drogas o violencia sexual contra mujeres y niños) el Gobierno italiano parece encaminado a que sus autores cumplan la totalidad de su condena sin que puedan descontar pena por buen comportamiento o beneficiarse de otros descuentos penitenciarios.

A pesar de que los datos indican que Italia es uno de los estados europeos donde se cometen menos crímenes (el número de asesinatos, por ejemplo, ha caído del 13,1 por millón de habitantes que se registraba en 2000 al 10,3 por millón actual), a raíz de los sucesos registrados en los últimos meses y protagonizados por rumanos, el país vive envuelto en una psicosis de inseguridad.

Y, espoleada por esa especie de paranoia colectiva, crece la xenofobia. En estos momentos, según datos del Observatorio Social sobre la Inmigración, cuatro de cada 10 italianos declara abiertamente sentir hostilidad hacia los extranjeros, frente al 32% que sólo un año antes se manifestaba en esos términos.