El contrato de integración para inmigrantes que promueve Mariano Rajoy y el que defiende el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, presentan bastantes diferencias. Para empezar, el primero será obligatorio para todos los extranjeros con papeles (los ‘irregulares’ están excluidos) que lleguen a España. El segundo es un compromiso voluntario y más bien simbólico que no obliga a nada ni tiene carácter sancionador.

El de Rajoy, por contra, contempla la expulsión del país de todos aquéllos que no lo sigan al pie de la letra, según explica el portavoz de Inmigración del PP, Rafael Hernando.

En otras palabras: el que no «cumpla las leyes», no «respete nuestras costumbres», no «aprenda la lengua», no «pague los impuestos» o no «trabaje activamente para integrarse» será enviado de vuelta a casa de forma fulminante. El de la Comunidad Valenciana no llega tan lejos; entre otras cosas, porque no tiene competencias: el Estado es el único que puede ordenar una repatriación.

Los dos salen del mismo origen (iniciativas parecidas desarrolladas en Francia, Alemania, Holanda o Reino Unido) y contemplan que la Administración se comprometa, a cambio, a darle a la otra parte «los mismos derechos y libertades» que un nacido en España, así como clases de idiomas y cursos de formación en empleos con futuro.

«La idea es que vengan directamente con dos contratos: el de trabajo y el de integración», dice Hernando.

El PP pretende que la iniciativa prospere en el Congreso, pero, si no lo hace, va a proponer el contrato en todas las CCAA en las que gobierna, como se ha realizado ya en la Comunidad Valenciana.

De hecho, en los próximos días va a reunir a sus consejeros, portavoces y alcaldes para fijar posiciones comunes. A partir de ahora, muchos de los esfuerzos del PP se van a concentrar en la inmigración, aprovechando el cambio de la política del Gobierno.