En medio de una fuerte controversia, la Unión Europea ha abierto el debate para armonizar los criterios de expulsión de los inmigrantes que residen ilegalmente en territorio comunitario. Las discrepancias sobre el rigor de las medidas han obligado a aplazar el debate a la próxima semana. Al menos diez de los veintisiete países miembros, entre los que se encuentran Alemania, Francia e Italia, se oponen a la propuesta de la Comisión y piden endurecer algunas de las medidas que integran la Directiva de Retorno. La delegación española ha formado parte del grupo que se mostró dispuesto a dar luz verde a la nueva normativa.
El apartado más polémico es el que eleva a un total de 18 meses el tiempo que los Estados podrán retener en campos de internamiento a los inmigrantes irregulares a la espera de proceder a su expulsión. De esta forma, los seis meses de detención previstos en el borrador que se comenzó a discutir en 2005 se verían complementados por la actual propuesta eslovena en otros 12 meses, que sólo se aplicarían en casos especiales en los que exista una evidente «falta de cooperación» por parte del afectado o cuando se produzca una demora en la obtención de la documentación necesaria para hacer efectiva la expulsión. Se buscaba así llegar a un punto de encuentro entre las legislaciones más duras que no contemplan un límite máximo de retención para los sin papeles, como ocurre en Reino Unido, Holanda y Suecia, y las de aquellos otros países, como Francia, Italia o España, en las que este plazo no supera los 40 días. La posibilidad de que un menor no acompañado sea internado en un centro «como último recurso y por el menor tiempo posible», así como la admisión de la vía administrativa como procedimiento ordinario para practicar una detención, que deberá ser confirmada posteriormente por las autoridades judiciales, constituyen los otros dos puntos que más críticas han suscitado entre la izquierda europea. Sin embargo, lejos de conculcar algunos derechos fundamentales de los inmigrantes, como ayer denunciaron en Bruselas varias ONG que se manifestaron en contra de la medida, el proyecto de la Comisión combate con decisión uno de los mayores problemas al que se enfrenta hoy la UE. Cada año, Europa absorbe la llegada de más de dos millones de inmigrantes, de los que en torno a la mitad se establecen de manera irregular, lo que supone que, según la propia Comisión, más de 8 millones de ilegales estén residiendo en suelo comunitario. Las consecuencias que el deterioro de la situación económica está provocando sobre el colectivo inmigrante establecido en Europa, especialmente en lo relativo a la pérdida de empleo, no hace más que agravar un problema, ante el que no cabe esconderse y de cuya resolución dependerá, en gran medida, la estabilidad económica y social de los próximos años.
La propuesta liderada por los gobiernos conservadores de Merkel, Berlusconi y Sarkozy de dotar de mayor firmeza a algunos apartados de la normativa comunitaria no debe alarmar a nadie. La búsqueda de fórmulas que descarten atajos como la política del «papeles para todos» y potencien la capacidad de los gobiernos para hacer frente a la inmigración ilegal no tiene por qué estar reñida con un escrupuloso respeto a los derechos de los inmigrantes. Europa necesita una legislación sólida y consensuada que regule la incorporación ordenada y asumible de los millones de inmigrantes que llaman a su puerta.