P. A. ORTIZ/E. VILLAREJO
VALENCIA. La inmigración se ha situado definitivamente en el epicentro del debate político autonómico (y nacional). Como quedó ayer de manifiesto en la sesión de control de las Cortes donde el presidente Francisco Camps fue requerido por los grupos socialista y Compromís para explicar el «contrato» de integración, ésta es una materia que suscita un enconado debate, de ideas y de acciones, en torno al cómo hacer frente a uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la Comunidad Valenciana: la integración de una población que, con distintas sensibilidades, necesidades y procedencias, alcanza ya el 16 por ciento de la población, con más de 732.000 residentes, según las cifras del INE (otras fuentes hablan de un millón si se sumara la inmigración ilegal).
Conceptos como «inmigración sostenible», «derechos y obligaciones» o «un inmigrante, un contrato de trabajo» comienzan a cimentar el nuevo discurso de las administraciones para abordar el asunto en un tiempo de desaceleración económica y con una tasa de paro inmigrante que ha aumentado un 68 por ciento en el último año.
Hasta el propio Gobierno central, que en Bruselas apoya medidas más restrictivas hacia la inmigración ilegal, y su ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, parecen tener superada la «etapa Caldera» cuyo máximo exponente fue el proceso de regularización de inmigrantes .
«El gran reto en el siglo XXI» El Consell tiene decidido coger el toro por los cuernos: «Es el gran reto de la sociedad valenciana en el siglo XXI. Un fenómeno nuevo, que no ocurrió antes en nuestra historia y para el cual tenemos que prepararnos de la mejor manera. Desde la leal colaboración para juntos seguir prosperando», recalcó el presidente autonómico, Francisco Camps.
Con tal objetivo, desde la Conselleria de Inmigración ya se prepara una iniciativa mediante la articulación del «contrato de integración», una acción que pretende garantizar la dignidad de los inmigrantes , equipar sus derechos y obligaciones y regular la inmigración «siempre ateniéndonos a nuestro ámbito competencial».
Esa iniciativa, que se recoge en la ley de Integración del Extranjero que el Consell quiere aprobar en el mes de junio fue analizada y defendida ayer por un presidente autonómico que tendió la mano al resto de grupos, al propio Gobierno central, a los municipios, entidades y asociaciones: «Queremos alcanzar el consenso».
El mensaje participativo encontró la crítica desde las bancadas de la oposición. El portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, demandó a Camps que concretara el contenido exacto del borrador, al que calificó de «engendro», epíteto que justificó con la negativa de la presidenta Esperanza Aguirre a aplicar la iniciativa en su autonomía. Así, consideró que la «indefinición» en la que está instalado el Gobierno valenciano «ha pasado de ser un contrato a un compromiso» está desconcertando a la población.
«Es inútil», según el PSPV
«El contrato es, por lo menos, inútil, porque ya existen las leyes», afirmó Luna, a lo que añadió que la Generalitat, con la iniciativa, «quiere dar la imagen de que sólo con la firma de un contrato, los inmigrantes se integrarán».
El portavoz socialista indicó que el «contrato» sólo pretende «engañar» a los valencianos, momento en el que preguntó a Camps sobre «qué ha hecho el Consell» con el Plan Valenciano de Integración.
En su respuesta al PSPV y con un talante conciliador, el jefe del Consell insistió en su voluntad para aunar todas las sensibilidades bajo el paraguas de la iniciativa, de la que recordó que se adentra en ámbitos tan importantes como el codesarrollo, las medidas contra la xenofobia o el apoyo para el retorno voluntario de la población extranjera.
Más dura fue la intervención de la diputada del Compromís Mónica Oltra. La diputada consideró que la iniciativa «generará más racismo y xenofobia» y que será un «caldo de cultivo» para la extrema derecha. Oltra calificó de «etnocentrista» el borrador y se preguntó si la próxima medida será «poner una estrella amarilla» en la solapa de cada inmigrante.
La posición de la diputada indignó a Blasco, quien precisó que declaraciones como la suya son las que precisamente «alimentan la intolerancia». Así, el conseller de Inmigración le exigió que retirara las acusaciones y recordó que la iniciativa del Consell se asemeja a otras ya adoptadas en otros países como Bélgica, Holanda o Reino Unido. Como se vio ayer en las Cortes a todo desafío, le precede un debate de ideas (primero) pero también de acciones.