La reunión que el próximo miércoles mantendrán el conseller de Inmigración y el nuevo ministro de Trabajo servirá para abordar la financiación que la Administración autonómica recibe para la atención de los 732.000 inmigrantes que residen en la Comunitat. Los 22 millones recibidos el último ejercicio se quedan muy por debajo de las necesidades reales de la Generalitat, que se ve obligada a suplir la falta de ayudas del Ejecutivo central. Con la discusión del nuevo modelo de financiación autonómica en el horizonte, esta situación es una de esas evidencias que obligan al Gobierno central a contemplar el criterio de población.