E l 10 de febrero de 1978 la Sección Española de Amnistía Internacional (AI) era legalizada. Detrás quedaban dos años de trabajo desde la clandestinidad, centenares de socios que respaldaban a la organización nacida en Londres en 1961 y decenas de nombres ilustres que escaparon de las cárceles de Franco gracias a la presión de una institución galardonada en 1977 con el Premio Nobel de la Paz. Enrique Tierno Galván, más tarde alcalde de Madrid, el director de Els Joglar, Albert Boadella, o el poeta Marcos Ana fueron algunos de esos nombres.

Pero no era nada lo que quedaba atrás comparado con la ingente tarea que les aguardaba y que, 30 años después, se refleja en números: AI cuenta en el Estado con 48.662 socios, cerca de 100 grupos operativos, 1.434 voluntarios y un presupuesto anual de cerca de 5 millones de euros. Y, sin embargo, la cifra más importante es la de sus logros con nombres y apellidos: desde 1982, los grupos voluntarios de Amnistía Internacional en España han trabajado con éxito en más de 350 casos individuales, de los que 200 fueron presos de conciencia. Pero su labor ha sido ingente también en otros campos.

Internacional

Firma de tratados

La organización se volcó en lograr la firma y la ratificación por parte de España de tratados “fundamentales para la defensa de los derechos humanos”. Entre ellos están la Convención contra la Tortura (1987), el Protocolo Adicional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de Niños y su Participación en los Conflictos Armados (ambos en 2002). La puesta en marcha de un Tratado Internacional sobre el Control del Comercio de Armas (2006) y la ratificación el año pasado de la Convención Internacional sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, también se incluyen en el listado.

Legislación estatal

Derechos Humanos

La contribución a cambios legislativos es el segundo de los aspectos destacados. Así, Amnistía Internacional trabajó especialmente en la abolición total de la pena de muerte, que llegó en 1995 (hasta entonces estaba vigente en el código penal militar); en las mejoras de la Ley Contra la Violencia de Género (2004) y en la aprobación de una ley de control del comercio de armas y de la Ley de Memoria Histórica (2007). Otra de sus prioridades ha sido incidir en la presencia de los derechos humanos en la escuela a través de la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía.

denuncia

Malos tratos y torturas

Su labor de denuncia ha sido crucial. Sacar a la luz en 2002 más de 320 casos de malos tratos contra inmigrantes por parte de las policía, ha demostrado que aunque “no supone una práctica sistemática, la tortura y los malos tratos están extendidos y son persistentes a lo largo de los años”. Como consecuencia de estas denuncias, en 2007 se instalaron videocámaras en las comisarías de las policías autonómicas de Cataluña y del País Vasco para evitar este tipo de abusos y también “las posibles denuncias falsas contra los miembros de las fuerzas de seguridad”.

En 2007 salió a la luz el último de sus informes: Sal en la herida . En él se incluyen 20 relatos de torturas y malos tratos. Ninguno de ellos referentes al denominado conflicto vasco. Pese a todo, su lectura y exposición ante el Parlamento de Navarra fue vetada por UPN y PSN.

concienciación

Contra la violencia de género

En 2002, con No hay excusa , AI responsabilizaba al Gobierno español y a los autonómicos de no actuar con la diligencia debida para proteger a las víctimas de violencia a manos de su pareja. Fue una denuncia fructífera. En 2004, la organización participó con varias propuestas en la redacción de la Ley contra la Violencia de Género y sigue trabajando para que la Ley “vaya más allá del papel”. En estos años AI no ha dejado de denunciar que las más vulnerables son las mujeres inmigrantes en situación irregular. En 2007 destacaba cómo los obstáculos con los que se encuentran estas mujeres hacen que se eleve en 6 veces el riesgo de morir a manos de sus parejas.

Represalias

“Un movimiento incómodo”

Esteban Beltrán, director de AI en España, destacaba en una entrevista que la ONG se había convertido en un “movimiento incómodo” para los responsables políticos desde “la imparcialidad en el trabajo y la no adhesión a ningún régimen”. Quizá por ello ha habido momentos difíciles: el 11 de diciembre de 1979, una bomba incendiaria destrozó sus locales en Madrid, El 23 de febrero de 1981, con el golpe de Estado de Tejero, los listados de socios de la ONG fueron enviados a la embajada francesa para protegerlos.