El anunciado contrato de integración de los inmigrantes que va a poner en marcha la Generalitat ha cosechado, antes de entrar en vigor, demasiadas críticas. La última proviene del responsable de migraciones de la Conferencia Episcopal, que no está de acuerdo con la consideración económica que se hace de los emigrantes, bienvenidos cuando las cosas marchan bien pero que parecen estar de más si llega una etapa de recesión. Sin el apoyo del Gobierno ni tampoco de otros Ejecutivos regionales – el de Madrid, con Esperanza Aguirre al frente, se ha desmarcado de la propuesta del Consell – , el aluvión de críticas hace necesaria una reflexión.