CARMEN ECHARRI

CEUTA. No pueden más. Casi un mes después de que 72 inmigrantes hindúes decidieran abandonar el CETI de Ceuta para evitar su expulsión, comienzan ya a presentar los primeros síntomas de la derrota. Esa que se plasma con el abandono de la unidad de grupo y con la sensación de hastío ante una batalla que consideran perdida. Cinco de los asiáticos que componen el grupo ya han regresado al campamento y buena parte del resto está barajando la posibilidad de seguirles, dejando atrás una movilización que pretendía ser una forma de criticar las leyes vigentes en materia de extranjería.

El apoyo que les está prestando la comunidad hindú no parece ir más allá de la mera prestación solidaria. Delegación del Gobierno mantiene que a este grupo se les aplicará la misma norma que a cualquier inmigrante que entra en el país de manera ilegal. ¿Cuál es esa salida? No cabe otra que la expulsión.

Un criterio que, no obstante, no se aplicó con el grupo de bengalíes que, el pasado verano, protagonizó un episodio similar al actual y a los que sí se les concedió la legalización ya que, según argumentó la propia Delegación, en su país de origen, Bangladesh, se había producido un ciclón y se decidió adoptar una medida humanitaria.

«¿Cuántos muertos necesita el delegado del Gobierno para que estos hindúes no sean deportados?», se cuestiona el presidente de la comunidad hindú, Ramesh Chandiramani, comparando la situación de estos inmigrantes con la de los bengalíes. «¿Es necesario que haya un millón de muertos en la India para que se les ofrezca la oportunidad de quedarse en España?».

La situación de estos hindúes es ciertamente dramática. En el grupo hay algunos que requieren atención médica que ahora no están recibiendo. Al margen queda la propia situación personal que esconde cada una de estas historias. Hay situaciones personales marcadas por el dramatismo. «Necesitamos trabajar para mandar dinero a nuestras familias; sin nosotros no tienen nada», explica Roki Gotra, uno de los más jóvenes del grupo.

Entre ellos se mantiene una tónica general: del dinero que pretendían ganar en España dependen sus familias. Ahora, bloqueados en Ceuta, – algunos llevan más de un año en el campamento – , dicha inyección económica no existe, lo que supone un estrangulamiento para sus familiares.

El asilo no se les puede conceder. En su día no lo pidieron. Ellos se defienden argumentando que nadie les explicó los trámites que debían seguir. Ahora se encuentran en una situación caracterizada por la ausencia de informaciones lo que transforma una simple rumor en una realidad. «Queremos saber que va a pasar, si nos quedamos o nos echan, pero no podemos estar así», comenta Gotra. Duermen entre mantas, tiendas cedidas y se alimentan de lo que reciben de otros compañeros. Las medicinas forman parte también de ese altruismo generalizado entre sus compañeros.