ESTEBAN VILLAREJO

VALENCIA. «Un punto de encuentro» con el PP y con la propuesta del Gobierno valenciano de poner en marcha un «certificado» de integración para los inmigrantes. Ésta fue la respuesta que el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dio ayer al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, cuyo gobierno prepara una futura Ley de Integración que contempla, en su borrador, un «contrato» por el cual «todo extranjero mayor de edad que no sea miembro de un país de la UE y que resida en la Comunidad Valenciana tendrá que suscribir un compromiso de integración».

No obstante, el ministro recordó al Gobierno valenciano que la propuesta de un «contrato» para inmigrantes – recogido en el programa electoral del PP – es competencia estatal, aunque sí reconoció su disposición a ofrecer un consenso entre el citado «certificado de integración» que propone la Generalitat Valenciana y «alguna propuesta que se pueda hacer desde el Ministerio».

El otrora alcalde de Hospitalet de Llobregat – una población con un 24 por ciento de inmigrantes en su censo – se mostró partidario de alcanzar un pacto sobre este asunto «para diseñar leyes» que sean compartidas por la mayoría de las fuerzas políticas.

«En inmigración es bueno diseñar unas políticas y unas leyes en las que la mayoría de las fuerzas políticas nos podamos sentir cómodas y otra cosa diferente, luego, es la gestión que le corresponda al Gobierno», manifestó el ministro, quien recordó que estas políticas «van a conformar la sociedad dentro de 15 años».

«Nunca impone ni excluye»

Según fuentes consultadas, el ministro de Trabajo e Inmigración tiene previsto reunirse con el consejero de Inmigración valenciano, Rafael Blasco, el próximo miércoles con el objetivo de abordar cuestiones como el encaje legal de la futura ley de Integración valenciana y otros asuntos concernientes a la inmigración y la financiación de los servicios que la administración autonómica brinda a los inmigrantes.

El consejero valenciano se reafirmó ayer en su postura sobre la necesidad de llevar a la práctica la medida de integración: «El «compromiso» integra, nunca impone ni excluye. Queremos facilitar a la persona extranjera el instrumento idóneo para que conozca mejor nuestras normas y cultura. Además, la suscripción de este «compromiso» permitirá al inmigrante conocer mejor cuáles son sus derechos como ciudadano».

Por su parte, la Generalitat Valenciana se comprometerá a poner los medios formativos, sanitarios, educacionales, vivienda… para favorecer esa integración «siempre respetando la cultura y costumbres del inmigrante», aseguró el representante del Gobierno valenciano, quien explicó que la finalidad de la propuesta «no es suplir competencias que tenga el Estado, sino colaborar de forma legal y leal en sus competencias».

El portavoz de la Generalitat Valenciana, Vicente Rambla, recordó que el borrador de la futura Ley de Integración del Inmigrante «está en fase de estudio y debate por parte de los colectivos implicados».

Precisamente, las asociaciones de inmigrantes han acogido de manera dispar la propuesta del consejero. La Asociación de Países del Este de Castellón, la Asociación Senegalesa de Valencia o la Asociación de Colombianos se mostraron a favor de medidas que sirvan para ahondar en la integración. «Supone un ofrecimiento de la Generalitat Valenciana y un compromiso recíproco, porque el asumir ese compromiso por nuestra parte lleva aparejado que la Administración ponga a nuestra disposición información sobre todo aquello que necesitamos saber para funcionar de una manera lo más parecida posible a una persona valenciana», manifestó la presidenta de la Asociación de Países del Este, Ángela Placsintar.

Desde otros colectivos – Trabajadores Marroquíes, Rumiñahui Hispano – Ecuatorianos o sindicatos UGT y CC.OO. – se rechazó la propuesta.

El borrador de la Ley, tal como desveló ABC, contempla puntos como que «los inmigrantes se comprometerán a cumplir las leyes y respetar los valores, principios y costumbres españolas y valencianas»; «deberán pagar sus impuestos y cotizaciones, así como utilizar los medios a su disposición para la integración», o «garantizar el derecho de la mujer a no sufrir discriminación en el marco establecido por la ley».

El texto en fase de debate también recoge medidas para favorecer el conocimiento de las lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana. Una disposición que ya recoge, en cierto modo, el Reglamento de la Ley de Extranjería. Así, el Gobierno de Zapatero valora el conocimiento de idiomas y la pertenencia a una asociación de vecinos para obtener el informe de arraigo social, por el que se puede autorizar la residencia en el país tras permanecer tres años en España.

A favor de cupos escolares

Por otra parte, el ministro de Trabajo e Inmigración se mostró a favor de la otra propuesta de una Comunidad Autónoma que tiene encima de la mesa en materia de inmigración: los topes de alumnos inmigrantes que establece la futura Ley de Educación de Cataluña.

«Está bien que se fijen unos topes porque tampoco es bueno que al final haya una acumulación masiva en una escuela de toda la inmigración, mientras que otras escuelas no estén asumiendo la cuota que les correspondería, porque si esto es así, al final estamos haciendo una escuela de fracaso y otra escuela de éxito», recalcó el ministro en el acto de toma de posesión del cargo de la nueva secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo.

Aunque todavía hay «puntos de encuentro» que establecer en materia de inmigración entre el Gobierno y el PP – y las Comunidades donde gobierna – , es obvio que los tiempos políticos, al menos en esta parcela, pueden cambiar. «Corbacho no es Caldera, el ministro del efecto llamada», aseguró el consejero de Inmigración valenciano. Como muestra otra declaración, ayer, del ministro socialista: «Las normas de convivencia deben estar en el espacio publico, en la escalera de vecinos y en la ciudad y, esas normas, hay que aplicarlas y exigir que se cumplan».