Aunque pueda parecer una medida novedosa, el «certificado» de integración que plantea el Gobierno valenciano en su futura Ley de Integración tiene precedentes certeros, con ciertas diferencias entre sí, en seis países de la Unión Europea – Francia, Austria, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Reino Unido – , al tiempo que otros tres están estudiando medidas similares – Alemania, Polonia e Italia – .

El contrato de integración lo planteó el entonces ministro del interior y hoy presidente francés, Nicolas Sarkozy, en 2004. Ya antes se había introducido en la ley de extranjería austriaca de 2002, y con nombres similares fueron incorporados en Bélgica (cursos de integración obligatorios), Holanda (estatuto de integración y examen de integración), Dinamarca (examen de integración) y Reino Unido (examen de ciudadanía, aunque sólo para el acceso a la nacionalidad).

Francia fue más allá al establecer un «Contrato de Acogida e Integración» que tiene muy en cuenta la concesión o denegación de permisos. Por su parte, el Estado se compromete a fomentar la formación lingüística en francés y la formación sobre la vida en Francia y sobre los valores de la sociedad francesa. El inmigrante se compromete a seguir los módulos propuestos de formación y a participar en las evaluaciones previstas.