MERCÈ BELTRAN – Barcelona
El Departament d´Educació definirá, a través de la futura ley de Educación de Catalunya (LEC), qué porcentaje de alumnos inmigrantes y con necesidades educativas específicas debe tener cada zona escolar, porcentaje que será de obligado cumplimiento para todos los centros que conforman la red pública de educación: públicos y concertados. De esta manera, Educació quiere acabar con el reparto desigual de los inmigrantes , cuya mayoría (el 83%) estudia en centros públicos.

Esta es una de las principales novedades que incluye el anteproyecto de la LEC que ayer presentó el conseller de Educació, Ernest Maragall, y cuyos objetivos son, según el conseller, “definir un sistema propio de educación; mejorar el sistema educativo catalán bajo las premisas de equidad y excelencia, y prestigiar la tarea del profesorado”.

El anteproyecto inicia ahora una fase de debate con todos los partidos políticos del arco parlamentario catalán, sindicatos, Administración central, comunidad educativa y otros sectores sociales. El objetivo es que, cuando llegue al Parlament – la previsión es que antes del verano-, lo haga con amplio consenso. Las líneas generales del proyecto se resumen en los puntos siguientes:

Obligatoriedad. Educació fija la obligatoriedad de la enseñanza desde los 3 años hasta los 16. La etapa de 3 a 6 se incluye dentro de la obligatoria, si bien se respeta el derecho de las familias a opinar cuál es la mejor opción para sus hijos. Lo que se pretende es que aquellas familias que lo necesiten puedan llevar a sus hijos a la escuela a partir de los 3 años.

Cambio de cultura. El objetivo es propiciar un cambio cultural en el propio concepto de educación, implicando más a las familias en el proceso educativo, introduciendo cambios en el currículum, dando más autonomía a los centros, flexibilizando el sistema y creando una función pública docente propia de Catalunya.

Evaluación. Es un concepto que aparece en todo el texto puesto que, para que la autonomía de los centros sea posible, estos han de estar sometidos a un proceso permanente de evaluación que se hará desde un organismo autónomo: la Agencia de Evaluación.

Zonas educativas. Los centros escolares, públicos y concertados, se agruparán por zonas educativas geográficas. Estas zonas compartirán una bolsa de docentes que podrán integrarse en sus centros educativos en función de las necesidades de estos.

Inmigración. La Administración fijará un porcentaje máximo de inmigrantes y alumnos con necesidades educativas específicas para cada zona educativa. Este porcentaje variará en función de la composición demográfica de cada zona. Ningún centro podrá tener más de los fijados. Aquí se busca la corresponsabilidad de los centros concertados.

Centros concertados. Además del concierto, se propiciará la firma de contratos programa que implicarán más recursos económicos para aquellos que acojan a más inmigrantes o alumnos con necesidades educativas específicas.

Currículum. Educació fijará las competencias básicas que deben adquirir los alumnos en cada ciclo formativo. Los centros fijarán su proyecto curricular y el método para que los alumnos adquieran los conocimientos que se requieren. Habrá una evaluación externa permanente.

Primaria y secundaria. Desaparecerán los actuales CEIP y los IES. Los centros de primaria se denominarán escuelas y los de secundaria, institutos. Los centros que realicen todos los ciclos se denominarán instituto-escuela.

Direcciones. Se refuerza el papel de las direcciones, dotándolas de más autonomía para decidir su proyecto, y la gestión de los centros, tanto desde el punto de vista económico como de personal.

Función docente. Se crearán cuerpos propios de docentes, más simplificados, que implicarán cambios en el sistema de oposiciones. Antes de acceder a una plaza, todos los aspirantes deberán pasar un año de prácticas en un centro.

Carrera profesional. Además de la antigüedad, se valorarán las buenas prácticas, la investigación y los procesos de formación permanente. Todo ello deberá acreditarse.

Carta de compromiso. Las familias deberán aceptar una carta de compromiso en el momento de matricular a sus hijos en los centros y se deben comprometer a respetarla y cumplirla. No está previsto si habrá un sistema de sanciones en caso de incumplimiento.

Más allá del centro. Se reconoce e incorpora el carácter educativo de las actividades de ocio, fomentando aquellas que propicien la equidad.