La Generalitat de Cataluña fijará un porcentaje máximo de alumnos inmigrantes escolarizados en los centros, tanto públicos como privados concertados, de una misma zona educativa, con el objetivo de reequilibrar su presencia en las aulas, mayoritaria en la red pública, y evitar así los guetos.

Esta es una de las medidas que recoge el anteproyecto de Ley de Educación de Cataluña acordado entre los socios del Gobierno catalán y que, entre otras novedades, crea nuevas fórmulas de gestión de los centros, aunque siempre por parte de la administración pública, y permite a las escuelas elaborar su propio currículo académico. El anteproyecto, presentado ayer por el consejero de Educación, Ernest Maragall, prevé también la creación de una agencia de evaluación de los docentes y se compromete a aumentar los recursos para educación hasta alcanzar la media de inversión de la UE.