ESTEBAN VILLAREJO

VALENCIA. El Gobierno valenciano prepara una ley de Integración del Inmigrante que contempla, al menos en su borrador, un «contrato» de integración por el cual los inmigrantes de países no miembros de la Unión Europea se comprometen a «cumplir las leyes y a respetar los valores, principios y costumbres españolas y valencianas». Por su parte, el Gobierno de Francisco Camps asume un compromiso para facilitar a los extranjeros su plena integración en la sociedad y el respeto a sus costumbres y cultura, en el marco establecido por la ley. De este modo, la Comunidad Valenciana se convertirá en la primera en adoptar una medida cuyo objetivo último es favorecer «la plena igualdad asegurando al mismo tiempo los derechos de los nacionales».

Con este «compromiso de integración» se pondrá en marcha una de las promesas estrella de Mariano Rajoy y de más aceptación social durante la pasada campaña electoral, y que consistía básicamente en la rúbrica de un «contrato» entre el inmigrante y la sociedad de acogida. Una iniciativa que tiene entre otros precedentes la decisión del entonces ministro francés de Interior y hoy presidente, Nicolas Sarkozy, de introducir en la legislación de su país en 2004 la exigencia a todo inmigrante de «un compromiso para respetar los valores de la República Francesa, aprender la lengua y las leyes, así como aceptar la igualdad entre hombre y mujer».

Reunión con el ministro

La futura ley de Integración del Inmigrante de la Generalitat Valenciana se encuentra aún en su fase inicial y desde la Consejería de Inmigración y Ciudadanía se trabaja con diversas asociaciones de inmigrantes y fundaciones para consensuar un texto que se espera esté aprobado en el mes de junio. El borrador establece claramente en uno de sus artículos «que todo extranjero mayor de edad que no sea de un país miembro de la Unión Europea y que resida en la Comunidad Valenciana tendrá que suscribir un compromiso de integración».

Siempre dentro de las competencias de la Generalitat, el Gobierno de Camps buscará consensuar también con el Gobierno central la puesta en marcha del «compromiso de integración», habida cuenta del giro en cuanto a políticas de inmigración que, al menos aparentemente, va a emprender el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. El nuevo ministro se ha mostrado proclive a una mayor regulación de los flujos inmigratorios o a la necesidad de que todo inmigrante que llegue a España lo haga con un contrato debajo del brazo, algo impensable con el anterior ministro, Jesús Caldera, quien llevó a cabo un proceso de regularización masiva y a su consecuente «efecto llamada».

A la espera de una respuesta del ministro, el consejero de Inmigración valenciano, Rafael Blasco, ya ha solicitado una reunión para abordar el citado «compromiso» de integración, entre otros asuntos como la financiación autonómica.

La ley de Integración del Inmigrante que prepara la Generalitat Valenciana será la primera a nivel autonómico que se propone regular de forma global y transversal la integración de los extranjeros. «A diferencia de la Ley Estatal, nos encontramos ante una ley que va más allá del simple reconocimiento de los derechos, al hablar de obligaciones, de compromiso y respeto mutuo, partiendo de los valores constitucionales», informó ayer el consejero de Inmigración, quien aclaró que en ningún momento se habla de expulsiones.

«Hay que poner algo de orden en el caos que generó la política del anterior ministro, cuyo proceso de regularización ha generado un efecto llamada», aseguró el consejero Rafael Blasco.

A través del citado «compromiso», los inmigrantes se comprometerán también a pagar sus impuestos y cotizaciones, así como a utilizar los medios a su disposición para su integración. «El no cumplimiento del compromiso hace imposible la integración».

«Tapar un vacío existente»

Otro de los puntos del borrador hace mención a los principios rectores y medidas específicas en sanidad, educación, formación, vivienda, colectivos desfavorecidos, menores, el retorno voluntario y el codesarrollo. El borrador alude a medidas jurídicas, económicas, formativas, educativas y sociales para su cumplimento. La ley, según la Generalitat, se está elaborando de acuerdo al carácter transversal de las políticas en integración «que van más allá de los aspectos económicos y sociales, al estar relacionadas también con la diversidad cultural y religiosa, la ciudadanía y la participación».

En este sentido, el consejero Rafael Blasco puntualiza que esta futura ley viene a tapar un vacío existente: «La barrera que impide la auténtica igualdad es la falta de integración social, separándoles de los nacionales la lengua, la cultura, formación y trabajo, y es este espacio el que la ley quiere cubrir».

Otro de los capítulos del borrador pretende luchar y abordar todo tipo de discriminación hacia la mujer inmigrante. Así, como medidas específicas, la norma garantizará «el derecho de la mujer a no sufrir discriminación, así como la elaboración de planes de integración por parte de la Generalitat y su colaboración directa con los municipios de la Comunidad».

Dichos planes de integración prevén medidas para favorecer el conocimiento de las lenguas oficiales, trasladar al colectivo inmigrante los valores de la sociedad de acogida, y medidas para promover una convivencia ciudadana en valores democráticos y de tolerancia para evitar de este modo cualquier brote xenófobo.