“No somos racistas. Sólo queremos competir en igualdad de condiciones vendiendo fruta como lo hemos hechos hasta ahora”. Esta frase puede resumir el malestar de Francisco y Loreto, dos fruteros valencianos que han decidido denunciar a más de 25 fruterías regentadas por inmigrantes tras detectar anomalías en estos establecimientos.

Como si de una película de intriga se tratara, estos dos fruteros han llegado a contratar a detectives privados para denunciar y demostrar ante los organismos correspondientes (Ayuntamiento de Valencia, Cámara de Comercio y Ministerio de Trabajo) la situación de competencia desleal por la que atraviesan la gran mayoría de fruteros. Cada día aparecen nuevos establecimientos dedicados a la venta de verduras y hortalizas “que carecen de las correspondientes licencias de apertura”, además, de incumplir otros “requisitos establecidos a la hora de abrir un establecimiento”, como relatan estas dos personas.

“Hemos decidido dar este paso y denunciarlo ante la Administración porque vivimos de esto. Llevamos muchos años vendiendo fruta (su local está en la calle Ángel Guimerà, 38) y cada día vemos como los compañeros cierran sus negocios y no queremos vernos abocados a hacer lo mismo”, explica Francisco.

El mayor problema con la nueva competencia no son precisamente los precios. Cierto es que en muchas de las nuevas verdulerías, éste es más bajo que en otras con más arraigo en la ciudad. Sin embargo – y como dice Loreto – los pagos que se realizan a la Seguridad Social, los de ser autónomo o los módulos correspondientes son gastos que les impiden competir en igualdad de condiciones.

“Tras investigar hemos descubierto comercios en los que sólo hay dada de alta una persona a la Seguridad Social. Sin embargo, hasta cinco trabajan en el establecimiento. Es totalmente incomprensible que la Administración no se dé cuenta de ello. ¿Cómo va a estar una sola persona los siete días de la semana trabajando en la tienda?”, argumenta Francisco. “La semana pasada vino a visitarnos la inspección de trabajo del Ministerio. ¿Por qué? Porque estamos en el registro mercantil. A ellos nadie les visita porque no están en ningún sitio”, explica Loreto.

Ambos fruteros se han acercado a más de una junta municipal para comprobar si los nuevos locales están registrados correctamente. La sorpresa con la que se han encontrado es que 25 de ellos no existen como verdulerías o no tienen declarada ninguna actividad comercial. Vamos, que es como si estuvieran vacíos los locales. Estos dos fruteros se han visto sorprendidos por un contratiempo que no se esperaban a la hora de denunciar. “Cuando fuimos a la Cámara de Comercio de Valencia a contar lo que estaba pasando nos dijeron si es que éramos racistas. Nos quedamos a cuadros cuando la persona que nos atendió nos dijo eso”, explica Loreto. “En ningún momento lo hacemos por racismo lo que buscamos es competir en igualdad”, añade.

Este fin de semana una persona muy allegada a Loreto cierra su frutería ya que a su alrededor, en muy poco tiempo, han abierto nueve establecimientos dedicados a la venta de frutas y verduras. “El nuevo propietario del local va a ser el dueño de la verdulería de al lado que también es inmigrante”, explica Loreto.

Con el Ministerio de Trabajo también tuvieron sus más y sus menos estos dos fruteros. Al ir a denunciar que en un comercio había mucha gente trabajando, “posiblemente de forma ilegal”, la respuesta del funcionario fue “que era una chorrada lo que estábamos diciendo y que esa denuncia pronto sería archivada”, explica Francisco.

En su recorrido por diferentes fruterías de Valencia LAS PROVINCIAS observó como en algunos locales al preguntar sobre la situación de competencia desleal que estaba viviendo las verdulerías valencianas las respuestas eran “no está el jefe”, “vuelve luego por favor”. Sin embargo, otros como Susana, una frutera del barrio de Abastos, fue contundente con su testimonio: “Me han llegado a amenazar con que debería cerrar la tienda. Además, hay días que he salido a limpiar la acera y me han empezado a señalar y a reírse de mí. Es increíble lo que estamos sufriendo los fruteros y que nadie haga nada al respecto. Es una situación muy desagradable”.

Otros como Pepe, que regenta un puesto en el mercado de Benicalap, se han visto obligados a dejar en la calle a varios trabajadores. “Tenía antes conmigo a cinco trabajadores asegurados. Ahora sólo tengo a uno porque los he tenido que ir despidiendo porque los gastos se me comen por los pies. No podemos competir contra estos nuevos comercios, sus gastos son mínimos”.

Por su parte el presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), Fernando Móner, indicó al respecto que en cualquier ciudad “se tiene que cumplir las reglas del juego”. “Tanto si el local está regentado por gente de aquí o por inmigrantes todos deben cumplir la Ley. No somos partidarios de sancionar al comercio inmediatamente, sino de avisarles primero y luego si no cumplen la normativa presentar la denuncia correspondiente”, indicó Móner.


Frutería y peluquería a la vez

Entre las irregularidades que se pueden apreciar en este tipo de establecimientos se observa una precariedad en la infraestructura y la falta de elementos de obligado cumplimiento a la hora de abrir un local. Muchos de ellos no cuentan con cuartos de baño, ni con los extintores reglamentarios, ni con las luces de emergencia. Además, algunos no tienen ni puerta (como se puede ver en la fotografía superior que acompaña a esta información) “por lo que por la persiana de rejillas de algunas verdulerías se pueden colar ratas o insectos sin muchas dificultades”, asevera Francisco.

En la ronda de fruterías que visitó este periódico se pudo comprobar cómo en alguno de los locales denunciados por Paco y Loreto, además de vender frutas y hortalizas, se cortaba el pelo, se pintaban las uñas, se podía conectar a la red o enviar un fax. Una actividad completamente distinta a la de vender fruta y que requiere una nueva licencia para llevarla a cabo.