El Defensor del Pueblo amonesta a la ciudad autónoma por una práctica «abiertamente» ilegal MADRID. – No sólo es que desaparezca la tarjeta de residencia, sino que también hacen haleop por la chistera de la Administración el carné del centro de menores, el pase del cibercafé y hasta la ficha del equipo de fútbol. Después de todo, queda don nadie.

El Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla (PP) está retirando toda la documentación de que disponen a los menores inmigrantes que están bajo su tutela poco antes de cumplir la mayoría de edad, para luego no devolvérsela una vez cumplidos los 18 años. La consecuencia inmediata es que quedan en situación de desamparo, son condenados así a la ilegalidad y ven truncadas sus posibilidades de establecerse legalmente en España.

La estrategia de prestidigitador consistente en hacer desaparecer cualquier vestigio de pasado documentado fue detectada en junio por la Asociación Pro Derechos de la Infancia y ha suscitado una advertencia formal del Defensor del Pueblo al Gobierno de Melilla. La institución vigilante ha instado ya a la ciudad autónoma a «no retirar o entregar a los menores que alcanzan la mayoría de edad la tarjeta de residencia de la que son titulares». Según ha amonestado por escrito, su actuación es «abiertamente contraria a lo establecido en el ordenamiento jurídico».

La práctica ilegal se viene aplicando sistemáticamente desde la Consejería de Bienestar Social con los chavales que, en el alféizar de los 18 años, tienen que abandonar el centro de acogida de menores La Purísima, una reconvertida fortificación militar donde se hacinan los inmigrantes que no tienen adulto que se haga cargo de ellos.

Hasta junio, lo habitual era que el permiso de residencia de los menores quedara depositado físicamente en la citada consejería para que no lo perdieran (a los jóvenes inmigrantes les daban a cambio una fotocopia para no tener problemas). Después, una vez que accedían a la mayoría de edad, la consejería entregaba los papeles a la Delegación del Gobierno en vez de al menor. Esta los anulaba y obligaba a solicitar una renovación de los documentos, alegando siempre que había cesado la causa de la protección jurídica: la minoría de edad.

Por aquel entonces, la Consejería de Bienestar Social sí facilitaba los papeles necesarios para poder renovar la estancia legal, esto es, el certificado de tutela y la tarjeta de residencia de menores. Con ello y un contrato de trabajo o el arraigo, la tarjeta de residencia era recuperada y el menor volvía a ser persona.

Desde junio, la situación ha dado un giro copernicano y aboca al inmigrante a la nadificación. Al chaval que acaba de alcanzar los 18 años se le retira la fotocopia de la tarjeta de residencia, el carné del centro y cualquier otro documento que acredite su estancia en España. La Consejería de Bienestar Social no entrega ipso facto los certificados de tutela, como hacía antes, sino que apura la ley al máximo y se demora hasta en tres meses. Tanto allí como en Delegación de Gobierno se le pide además al inmigrante «algún documento que acredite su identidad», esto es, las credenciales que ilegalmente se le quitaron.

El caso es que la táctica de trileros que se trae la Administración melillense tiene como locos a los nuevos sin papeles por las calles de Melilla, de ventanilla en ventanilla y vuelta a empezar, en una espiral sin salida. Muchos duermen en chabolas. Alguno ha sido expulsado en este tiempo.

Hasta la fecha, la Fiscalía de Menores y el Defensor del Pueblo han recibido cerca de 80 denuncias individuales sobre el asunto, todas ellas bajo el paraguas de la Asociación Pro Derechos de la Infancia.

El laberinto burocrático que se ha diseñado en Melilla tiene trazas kafkianas y se traga la llave del candado. Las últimas noticias son que la Consejería de Bienestar Social se ha llevado los archivos de los niños de La Purísima a sus dependencias y así los chavales no tienen ya acceso ni a las fotocopias de su tarjeta de residencia que antes les daban los educadores.

Ahora, cuando los ex menores van a iniciar cualquier proceso de regularización, se empieza por exigírseles el pasaporte, una quimera para un crío, pongamos, que pasó a España enganchado a los bajos de un camión. Los hay que vuelven a Marruecos a comprárselo a la Policía por unos 400 euros.

Cuando retornan a Melilla, se les pide entonces el certificado de soltería. Dos chicos fueron a Rabat a por el certificado y salir así del laberinto. Una tercera chica con contrato de trabajo y que hizo el mismo recorrido por igual motivo lleva mes y medio intentando pasar a España, en una pensión en la frontera, del lado marroquí, mantenida por el empresario que le guarda el puesto de fregaplatos en el restaurante.

«No los quieren en España»

El Defensor del Pueblo ya se ha dirigido al menos en dos ocasiones a la Consejería de Bienestar Social para investigar las denuncias. En un informe de respuesta remitido por la ciudad autónoma el pasado mes a la institución, se alega que los «documentos no le son retirados a los menores al alcanzar la mayoría de edad, sino que se entregan a la Oficina de Extranjeros de la Delegación del Gobierno», para que «sean expedidos atendiendo a sus respectivas circunstancias».

El Defensor del Pueblo concluye, «a la vista de la respuesta recibida» y «al haber apreciado que esta actuación carece de cobertura jurídica», que es «procedente formular a esta consejería un recordatorio de deberes legales», instando «a abandonar tal práctica».

Fuentes de Bienestar Social de la ciudad autónoma señalaron a este periódico que «se cumple estrictamente con la legalidad», justificando su actuación por «el mal uso que hacen de esos documentos» los tutelados. Según un portavoz, «los jóvenes inmigrantes utilizan el certificado de tutela para entrar y salir de Marruecos», o incluso para saltar a la Península e intentar la regularización.

«Están tomando medidas contra la legislación vigente a sabiendas», señala José Palazón, portavoz de la Asociación Pro Derechos de la Infancia. «Quieren perjudicar a estos menores porque no los quieren aquí en España, porque pretenden que no accedan a sus derechos básicos y fundamentales. Es un abuso de autoridad que se alimenta de la indefensión».