L’Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad de Cataluña en número de habitantes (264.404), ha sido siempre un municipio de acogida. Tras crecer en las décadas de 1950 y 1960 por la llegada de trabajadores del sur de España, la ciudad afronta otro reto desde hace 10 años: la integración de la nueva inmigración, proveniente de América del Sur y África. Celestino Corbacho, alcalde de L’Hospitalet de Llobregat durante 14 años y actual ministro de Trabajo e Inmigración, gestionó el fenómeno con dos caras distintas: pese a que mantuvo un discurso duro – llegó a mezclar inmigración con inseguridad – , sus políticas fueron integradoras, centrándose en el diálogo con asociaciones y la colaboración entre los ciudadanos.

El 23,76% de la población de L’Hospitalet es extranjera, según los datos del último padrón municipal. Son mayoritarios los suramericanos, que suponen el 14% de la población. Por países, los más representados son Ecuador (5,20%), Bolivia (3,83%) y Marruecos (2,26%). En tan sólo 10 años, de 1997 a 2007, la población inmigrante se multiplicó por 18. Si hace una década tan sólo 3.531 habitantes de L’Hospitalet eran extranjeros, el año pasado la presencia de foráneos ascendió a 62.832. Los barrios del norte de la ciudad, La Torrassa, La Florida, Les Planes y Pubilla Casas, son los que más población inmigrante albergan: el 35% de sus habitantes.

La llegada masiva de inmigrantes cogió a contrapié al Ayuntamiento, que no estableció la inmigración como prioridad hasta 2005. El Consistorio elaboró entonces el Plan para la Integración de la Nueva Ciudadanía, que identificó los principales problemas relacionados con la inmigración: la falta de contacto entre la población autóctona y la inmigrante; la escasez de espacios públicos y servicios básicos, germen de numerosos conflictos, y el ruido del colectivo suramericano. El plan recogió también aspectos positivos: la buena disposición de las entidades vecinales para el diálogo y la fácil integración de los niños recién llegados en las escuelas.

Como fruto de las conversaciones con las diferentes asociaciones, en el plan se establecieron 68 programas para lograr la integración de los inmigrantes. El más destacado, a juicio de Jesús Husillos, responsable del proyecto, fue “el programa de mediación”. Tres años después de su implantación en los barrios, tanto las asociaciones de vecinos como las entidades de inmigrantes consideran positivo el papel de los mediadores: facilitan el contacto entre la población y esto se nota en la reducción de conflictos entre los colectivos. “La labor pedagógica de los mediadores ha conseguido limar asperezas”, opina Manuel Piñar, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de L’Hospitalet. “Primero, la mediación; si no funciona, la Guardia Urbana se encargará, si conviene, del caso”, ilustra Francesc Josep Bellver, edil de Gobernación.

El Consistorio planteó como otra de sus prioridades la integración en los primeros meses de los recién llegados. Para facilitar la acogida, el Ayuntamiento colabora desde 2005 con diferentes entidades sociales, como la asociación La Llumeneta. “Trabajamos en la primera integración: damos clases de idiomas, asesoramos en temas básicos y tenemos un punto de acogida”, expone Cristina Navarro, responsable del centro abierto de la asociación.

La aplicación del plan de integración, que actualmente se está revisando, ha logrado reducir los problemas planteados en 2005, cuando se elaboró su primera versión. Sin embargo, aún persisten los conflictos derivados de la dificultad para absorber la demanda de servicios sociales que requiere el aumento de población. “Si hay más gente para repartir el mismo pastel, surgen los problemas. Nuestro deber es hacer el pastel más grande”, ilustra Bellver, que asevera que, sin embargo, la integración “va por buen camino”. “Estamos trabajando para adaptarnos al fenómeno. Pero hay problemas y los habrá”, apostilla.