J. P. Q.

PARÍS. Brice Hortefeux, ministro para la Inmigración, ha confirmado oficialmente que Francia «es contraria y descarta completamente cualquier tipo de regularización masiva», cuando se calcula oficiosamente que hay entre 200.000 y 400.000 inmigrantes sin papeles, aunque trabajando en bastantes casos.

Hortefeux recuerda los grandes principios de la política inmigratoria francesa: «control de los flujos migratorios», «expulsiones de extranjeros en situación irregular» y «estudio caso a caso de las demandas de papeles que hagan los extranjeros en situación irregular que hayan encontrado alguna forma de trabajo».

Según la nueva legislación, en vigor desde el segundo semestre del 2007, los sin papeles que hayan encontrado trabajo «en sectores con penuria de mano de obra», podrán presentar demandas de regularización, que serán estudiadas «caso a caso, individualmente».

Entre los 200.000 y 400.000 inmigrantes ilegales que pudieran residir en Francia, sin papeles, sólo 800 han considerado oportuno presentar demandas oficiales, que la administración estudia, uno por uno, excluidas las regularizaciones masivas.

Diez días de huelga

Desde hace diez días, centenares de inmigrantes sin papeles, que trabajan en condiciones irregulares en establecimientos propiedad de franceses asiáticos, en la región parisina, protagonizan una huelga de nuevo cuño, apoyados por sindicatos.

Se trata de un movimiento de protesta sin precedentes. Los sindicatos piden la «regularización inmediata» de los huelguistas. Mientras que los ministerios del Interior, Inmigración y Economía se limitan a aplicar la legislación vigente.

Los inspectores del trabajo han intervenido ante los pequeños empresarios con pocos escrúpulos. La Ley prohíbe dar trabajo a inmigrantes sin papeles, salvo en sectores económicos donde pudiera existir «penuria de mano de obra». Los empresarios que violan la Ley pueden ser castigados con multas de relativa importancia.

El Ministerio de la Inmigración se dice dispuesto a estudiar, caso a caso, las demandas de regularización que pudieran presentar algunos huelguistas, excluyendo toda «regularización colectiva».

Interior no ha considerado oportuno intervenir, en la medida en que los huelguistas no perturben el orden público, y su regularización o expulsión es una cuestión que irá tomándose caso a caso.