parís. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, prometió ayer que bajará el precio de los alimentos y mejorará la capacidad económica de los franceses de a pie fomentando la competitividad en las empresas. Sarkozy arremetió también con dureza contra la reducción de la jornada laborar a 35 horas, ya que, a su juicio, “ha costado 20.000 millones de euros para trabajar menos y crear menos riqueza”. No obstante, el líder galo reconoció haber cometido “errores” en lo que lleva de mandato.

El presidente de francés dio la cara ayer en una larga entrevista televisiva con periodistas de varias cadenas para defenderse ante la caída de su popularidad. Según una encuesta difundida ayer, Sarkozy es el presidente peor valorado de la Quinta República Francesa. Por ello, el conservador apostó fuerte y subrayó que “hace falta una verdadera competencia al servicio del consumidor”. Sarkozy se reafirmó además en sus compromisos de reducción del déficit público, aunque dio como plazo 2012, y no 2010 como le había solicitado inicialmente la UE.

Avanzó que el mes próximo su Gobierno presentará un proyecto de ley que dará paso a una negociación de los proveedores con los grupos de distribución a los que venden sus productos.

La otra gran iniciativa comunicada por Sarkozy en el terreno económico fue que su primer ministro, François Fillon, presentará en 15 días un proyecto de ley para generalizar el interés de los asalariados sobre los beneficios de sus empresas.

El presidente francés consideró “perfectamente alcanzable el objetivo” de que la economía de su país crezca este año lo mismo que lo hizo en 2007, es decir, el 1,9%, y destacó un elemento a su juicio positivo: 2008 desde hace tiempo “es el primer año en que nuestros resultados son superiores a los de Alemania”.

Para combatir el déficit público, defendió sus planes para no sustituir a uno de cada dos funcionarios que se jubilen a partir del año próximo.

El presidente conservador reiteró sus críticas contra la reducción del tiempo de trabajo aprobado por el Gobierno Socialista a finales de los años 90: “las 35 horas fueron una catástrofe económica y una catástrofe social”, y cifró su costo en 20.000 millones de euros.

Por último, defendió con firmeza que no habrá una regularización masiva de inmigrantes ilegales, pese a la huelga de este colectivo, que ha puesto en serios problemas al Gobierno de El Elíseo. >agencias