Eran reclutados entre los más desfavorecidos de Portugal y llevados a zonas agrícolas en España La Policía Judicial portuguesa, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional española, ha conseguido desarticular una presunta red de explotación de trabajadores lusos en España. En total, han sido detenidas 26 personas, siete en el norte de Portugal y 19 en España. Las redadas se realizaron en zonas agrícolas de La Rioja, Navarra, Cataluña y País Vasco. Dos de los detenidos en Portugal están en prisión preventiva y podrían ser los cabecillas de otra red similar que fue desmantelada en 2005, y que actuaba, sobre todo, en municipios de La Rioja.

Durante la investigación, la Policía lusa ha contactado con 51 personas que durante los últimos años han denunciado la situación, aunque las autoridades portuguesas calculan que el número de víctimas pueda alcanzar las 150. La red funcionaba de una forma muy simple. Los explotadores, en su mayoría de etnia gitana, enviaban a colaboradores a las regiones más pobres de Portugal, en el interior y norte del país, para reclutar a trabajadores. A cambio de un sueldo y un puesto de trabajo, los portugueses aceptaban trasladarse a vivir a España. Una vez allí, las promesas se transformaban en explotación y los trabajadores en esclavos.

El Diario de Notícias denuncia que este tipo de bandas lleva funcionando desde finales de los años 90. En su edición de ayer, el rotativo luso narraba la triste historia de dos hombres y dos mujeres que fueron reclutados en 1997 y 1998, respectivamente. Cuando llegaron a un pueblo de Zaragoza, las mujeres fueron violadas por los patrones y tenían que alimentarse con restos. Vivieron bajo amenazas y agresiones durante ocho años, hasta que consiguieron escapar en octubre de 2005 y regresaron a Portugal, donde pensaban que estaban a salvo. Pero unos meses después, en mayo de 2006, los secuestradores los encontraron en el pueblo en el que vivían. Sus vecinos impidieron que se los llevaran otra vez.

El modus operandi de la banda era elegir personas debilitadas por las circunstancias, con algún tipo de deficiencia física o psicológica, con problemas financieros o de drogas y alcohol. De esta forma, les resultaba fácil convencerles para marcharse con ellos, algunas veces por apenas 600 euros. Un dinero que, al otro lado de la frontera, se esfumaba junto con sus esperanzas de una vida mejor y junto con su libertad.