Tampoco le fue bien al alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, por criticar las incursiones del servicio de inmigración a centros de trabajo con el consiguiente severo y perdurable impacto negativo a la economía local.

Como era de esperarse, los acercamientos del papa Benedicto XVI a los inmigrantes durante su gira por Estados Unidos y su exhortación a los obispos estadounidenses a acogerlos compartiendo sus gozos y sus esperanzas; apoyándoles en sus desventuras y tribulaciones y ayudándoles a que florezcan en su nuevo hogar, le han generado una crítica feroz desde los sectores más xenofóbicos del país.

Peor aún, el mismo día en el que el papa Benedicto XVI y el presidente George W. Bush destacaban la centralidad del respeto a los derechos humanos de los inmigrantes y la protección de la unidad familiar, el Servicio de Inmigración realizaba redadas en plantas de procesamiento de pollos en Texas, Arkansas, Florida, Virginia del Oeste y Tennessee; en una fábrica de donats en Houston y en una cadena de restaurantes mexicanos en el estado de Nueva York, que significarán la deportación de cientos de trabajadores y por ende la separación de familias.

Tampoco le fue bien al alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, por criticar las incursiones del servicio de inmigración a centros de trabajo con el consiguiente severo y perdurable impacto negativo a la economía local. Un impecable argumento que subraya la innegable dimensión económico – laboral del fenómeno migratorio.

Otro personaje público importante que en estos días ha estado bajo fuego cruzado por un asunto relacionado de manera tangencial a la inmigración ilegal es el jefe de la Policía de Los Ángeles, William Bratton. Concretamente, Bratton ha tenido que enfrascarse en una serie de batallas defendiendo la Orden Especial 40, que le prohíbe a los policías de la ciudad detener a una persona con el único propósito de indagar su situación migratoria en el país.

La Orden Especial 40 data de 1979 y fue aprobada por Darryl Gates, un jefe de la Policía que aún cuando nunca se distinguió por su aprecio a la comunidad latina siempre entendió que para asegurar la cooperación de los latinos en investigaciones sobre actos criminales era necesario garantizarles la separación total entre los agentes de la Policía y los del Servicio de Inmigración. Desde su origen, la orden fue controvertida y mal entendida hasta por los policías pero, en realidad, el texto de la Orden Especial establece que ante un ilícito la Policía sí puede indagar sobre el status migratorio de la persona que lo comete, pero nunca sin que medie la presunción de un delito.

La evidencia de su funcionamiento es copiosa. El año pasado, por ejemplo, la colaboración entre policías y agentes migratorios hizo posible identificar a unos 20,000 criminales que estaban cumpliendo su condena por el delito cometido y al cumplirla serán deportados a sus países por estar ilegalmente en Estados Unidos.

El furor actual contra la Orden se ha dado porque la familia de un joven estudiante, presuntamente asesinado por un pandillero a quien se le acusa también de estar en el país ilegalmente, ha exigido que se le hagan cambios drásticos a la Orden Especial 40. Los grupos antiinmigrantes más vociferantes ha ido más lejos, exigiendo que se rescinda la Orden.

El jefe Bratton la ha defendido aduciendo, con razón, que más que cambios lo que necesita es una aclaración, invocando el argumento de la necesaria separación entre agencias e intentando evitar violaciones a los derechos civiles de los latinos que pudieran ser detenidos en base a su apariencia.

Coincidiendo con los pronunciamientos del papa Benedicto, el alcalde Villaraigosa y el jefe Bratton, el Migration Policy Institute (Instituto de Políticas Migratorias), con sede en Washington, D.C., recién acaba de publicar un nuevo reporte en el que resalta la falta de atención, tanto del sector público como del privado, al tema de la integración de los inmigrantes y señala la imperiosa necesidad de que se amplíe el debate nacional para incluir temas como la capacitación educativa, laboral y cívica de los inmigrantes, teniendo en el horizonte el futuro del país.

Curiosamente, si conjuntamos los pronunciamientos del papa Benedicto, el jefe Bratton, el alcalde Villaraigosa y los autores del reporte del MPI estaríamos delineando con asombrosa claridad, los 4 aspectos fundamentales de lo que sería un debate ideal sobre el tema migratorio, a saber, reunificación familiar, seguridad nacional, prosperidad económica y un programa integral de integración de los inmigrantes.

Desafortunadamente, las reacciones negativas de los grupos antiinmigrantes, sobre todo a los pronunciamientos del Papa y del alcalde, se sustentan principalmente en su obsesiva fijación en un solo aspecto del debate real sobre la inmigración: la permanencia ilegal de millones de trabajadores indocumentados en el país y así, simple y sencillamente se empantana cualquier posibilidad de lograr el acercamiento integral al tema que podría solucionarlo.