La consejería de Trabajo está redoblando esfuerzos en los últimos días para taponar como mejor puede la brecha del desempleo provocada por la crisis de algunos sectores productivos y la progresiva atonía de otros.

Cursos de formación conjuntos para desempleados y ocupados, programas de reciclaje para inmigrantes y firmas de convenios con universidades para realizar prácticas profesionales en empresas son las últimas iniciativas de Constantino Sotoca.

Sesenta mil personas (algunas más que parados hay ahora en la Región) se beneficiarán este año de las tareas de reciclaje laboral. Tan elevada cifra de alumnos en formación, con un presupuesto para estos menesteres superior en un 13% al del 2007, apuntan a la convicción de que continuará con cierta intensidad la destrucción de puestos de trabajo durante los próximos meses. De ahí que resulte imprescindible contar con el número suficiente de trabajadores bien preparados para colocarlos en los nuevos quehaceres laborales, especialmente industriales.

Sin embargo, no parecen suficientes los buenos propósitos, inversiones y proyectos del consejero. Es preciso también dirigir la formación hacia aquellos sectores donde realmente puede hacer falta mano de obra o donde el diseño empresarial a corto plazo demande nuevos trabajadores. No siempre los planes de adiestramiento con antelación excesiva y la burocracia permiten hacerlo así por lo que en ocasiones los cursos pueden convertirse en lugares de reunión de parados más instruidos o en lanzadera de trabajadores poco satisfechos con sus nuevos puestos.

Parece conveniente en esta nueva etapa aumentar los controles sobre los cursos, a todos los niveles, para sacarle el mayor partido a la formación y evitar que se convierta en un mero trámite formal con escaso contenido. Se trata de optimizar los recursos invertidos y garantizar la valía – al menos teórica – del trabajador. El impulso económico que ha de dar en los próximos años el reciente acuerdo sobre el Plan Industrial en el aumento de la cualificación y la mejora de la productividad requieren también la tutela de la consejería, el apoyo de los agentes sociales y la colaboración de los propios interesados.