pamplona. Las mafias dedicadas a la vigilancia ilegal de obras arrasan las grandes ciudades del Estado, donde la construcción está en manos de clanes de etnia gitana que, después de extorsionar a los empresarios, se han hecho con el control del sector. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan de forma preventiva para evitar que estas redes de delincuencia organizada se instalen en Navarra e investigan la posible aparición de los primeros casos.

En un edificio de oficinas que se construye en Sarriguren ha podido observarse desde hace varias semanas dos carteles escritos a mano que alertaban de que la zona se encuentra bajo el control de personas de etnia gitana: Vigilante de seguridad caló. Respetar , junto con el dibujo de unos bastones. Según ha podido confirmar este periódico, al menos dos trabajadores de etnia gitana, posiblemente parientes, realizan la vigilancia nocturna en la obra.

La construcción en cuestión corresponde a la nueva sede de Tracasa, empresa pública especializada en cartografía, ingeniería territorial y sistemas de información geográfica. El edificio, que construye Acciona Infraestructuras, supone una inversión de 17,4 millones de euros, que ha sido financiada con una ampliación de capital del Gobierno foral (5 millones) y recursos generados por la propia Tracasa.

Ante la sospecha de que detrás de dichos letreros pueda existir una mafia dedicada a la extorsión de constructores, o posibles irregularidades administrativas por una infracción de la Ley de Seguridad Privada, la Policía Nacional investiga las circunstancias en las que se han producido estos hechos.

fenómeno de gran envergadura La magnitud de este fenómeno en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia es conocida por las FSE que operan en Navarra, aunque en otras ciudades más cercanas, como Zaragoza, también se registra el mismo problema. Allí, es el llamado clan de Los Soriano el que controla la vigilancia ilegal de buena parte de las obras de construcción.

El modus operandi no cambia de un lugar a otro. Se trata de bandas organizadas que se dedican a ofrecer vigilancia nocturna y, en caso de que el constructor no acepte sus servicios, los contratistas ven como al cabo de unos días desaparece maquinaria o el material sufre algún tipo de daño.

Las empresas raramente denuncian estos hechos. Cuando han recibido amenazas, suelen acudir a compañías de seguridad, pero ocurre que éstas son mucho más caras. Ante la necesidad de protección, acaban por cerrar el trato con las bandas, con lo que se evitan más problemas y se benefician de su status . En otras ocasiones, son las empresas las que, aprovechando la difusión mediática del problema, contratan a gitanos sin ningún tipo de formación.

Algunos de estos grupos han constituido compañías de seguridad y, a efectos legales, registran su actividad. Pero apenas facturan, puesto que suelen cobrar en dinero negro, y el personal no dispone de permisos ni licencias para desarrollar tareas de vigilancia, por lo que se produce un doble componente delictivo.

Aunque a juicio de los responsables policiales la penetración de estas bandas en Navarra resulta más compleja que en otro territorios (por la existencia de una mayor presión policial y un mayor nivel de vida, lo que reduce los sectores marginales que pueden dedicarse a esta clase de prácticas), apuntan que los robos cometidos en obras de la construcción pueden representar la antesala de la instalación de estas mafias dedicadas a la vigilancia ilegal.

Por ello, aseguran que se actúa preventivamente, inspeccionando de forma periódica las nuevas promociones de viviendas. No obstante, indican que son los empresarios o constructores quienes deben denunciar su situación en caso de ser víctimas de una extorsión.