La pobreza, la legitimación de la tortura y los derechos de los inmigrantes irregulares, principales retos para el futuro

madrid. La sección española de Amnistía Internacional celebra este año el trigésimo aniversario de su legalización, una conmemoración “sin cumpleaños feliz” porque pese a los “logros” conseguidos en estas tres décadas, aún quedan “muchos retos de futuro” en un momento en que los recortes de libertades avanzan en el mundo.

En un acto encabezado por la presidenta y el director de la organización, Delia Padrón y Esteban Beltrán, respectivamente, Amnistía Internacional recorrió ayer los hitos más importantes de su lucha por las libertades ofreciendo los testimonios de algunas de las personas que han sido protagonistas directos del trabajo de la ONG, como el de Joaquín José Martínez, condenado a pena de muerte en Estados Unidos hace 11 años y que quiso agradecer el apoyo de la organización: “Jamás me cansaré de agradecer lo que hicieron por mí, porque sin AI, hoy no estaría aquí”.

Según explicó Padrón, en la actualidad hay más de 2,2 millones de personas en el mundo que luchan por los derechos humanos y sólo en España, Amnistía Internacional cuenta con 48.000 socios. Durante estos 30 años la organización, según Beltrán, “se ha hecho escuchar” convirtiéndose en un “movimiento incómodo” para los responsables políticos desde “la imparcialidad en el trabajo” y la no adhesión a ningún régimen, dado que AI es una de las pocas organizaciones no gubernamentales que no recibe ninguna subvención pública.

En el apartado de los logros a nivel global, Padrón destacó que en este tiempo se ha trabajado por “poner en marcha inportantes tratados internacionales” y se han “sacado a la luz violaciones de derechos humanos que permanecían ocultas”, mediante las más de 3.000 investigaciones desarrolladas por la organización sobre materias como los centros secretos de detención de Estados Unidos, las desapariciones forzadas del régimen argentino de Videla, las ejecuciones encubiertas o la violencia de género. Además, la organización “ha contribuido a liberar a más de 50.000 presos de conciencia” – 200 de ellos en España – y ha dado soporte a activistas que acabaron dirigiendo países, como la fallecida Benazhir Butto en Pakistán.